martes, octubre 03, 2006

domingo, octubre 01, 2006

Unidad 4, 5 y 6 del trabajo

DERECHO ADUANERO
Unidad 4: Control
1. Disposiciones generales:
El servicio aduanero ejercerá el control sobre las personas y la mercadería, incluida la que constituye medio de transporte, en cuanto tuvieren relación con el tráfico internacional de mercadería.
Para el cumplimiento de sus funciones de control, el servicio aduanero adoptara las medidas que resultaren más convenientes de acuerdo a las circunstancias, tales como la verificación de la mercadería en cualquier ámbito en que se encontrare, la imposición de sellos y precintos y el establecimiento de custodias.
La entrada y salida de personas al territorio aduanero, así como la importación y exportación de mercadería, deben efectuarse en las horas, por las rutas y por los lugares que se habilitaren al efecto, previa autorización del servicio aduanero.
Cualquiera fuere la zona de que se tratare, los agentes del servicio aduanero y dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los de las fuerzas de seguridad y policiales podrán proceder a la identificación y registro de personas y mercadería, incluidos los medios de transporte, cuando mediaren sospechas de la Comisión de algún ilícito aduanero, así como también aprehender, secuestrar o interdictar la mercadería de que se tratare, poniendo la misma a disposición de la autoridad competente dentro de las 48 horas.
Cuando la ilicitud pudiera constituir delito de contrabando, su tentativa o encubrimiento, los agentes del servicio aduanero y los de las fuerzas de seguridad y policiales deberán detener a los responsables cualquiera fuere la zona en que estos se encontraren y darán aviso inmediato a la autoridad judicial competente, poniéndolos a su disposición dentro de las 48 horas. A tales efectos, cuando dichos funcionarios se encontraren en persecución de personas que hubieren cometido tales delitos, podrán allanar y registrar el domicilio, residencia o lugar en que aquellas personas se hubieren introducido, sin necesidad de previa autorización judicial.
2. Ambitos de control
Control en la zona primaria aduanera
En la zona primaria aduanera el ingreso, permanencia, circulación y salida de personas y de mercadería deben efectuarse con la previa autorización y bajo la supervisión del servicio aduanero, el cual determinara los lugares, las horas y los demás requisitos correspondientes.
La autorización y supervisión aduaneras también serán necesarias en esta zona para efectuar trabajos de cualquier índole en o con la mercadería, desde su simple manipuleo hasta su transformación.
En la zona primaria aduanera el servicio aduanero podrá:
a) Detener personas y mercadería, incluidos los medios de transporte, a fin de proceder a su identificación y registro.
asimismo, podrá adoptar todas las medidas pertinentes para lograr la detención de los medios de transporte, en casos debidamente justificados y proceder a su visita e inspección de su carga, en cualquier o lugar en que esta última se encontrare;
b) Allanar y registrar depósitos, locales, oficinas, moradas, residencias, domicilios y cualesquiera otros lugares;
c) Interdictar y secuestrar mercadería, en especial libros, anotaciones, documentos, papeles u otros comprobantes, pero los documentos y papeles privados sólo podrán serlo cuando estén directa o indirectamente vinculados al tráfico internacional de mercadería.

Control en la zona secundaria aduanera
En la zona secundaria aduanera, el servicio aduanero podrá:
a) Detener personas y mercaderías, incluidos los medios de transporte, a fin de proceder a su identificación y registro.
asimismo, podrá adoptar todas las medidas pertinentes para llevar la detención o retención de los medios de transporte en casos debidamente justificados y proceder a su visita e inspección de su carga, en cualquier condición o lugar en que esta última se encontrare.
no obstante, cuando alguna persona se hallare presuntamente incursa en el delito de contrabando, su tentativa o encubrimiento deberá proceder a su detención con comunicación inmediata a la autoridad judicial competente poniéndola a su disposición dentro de las 48 horas.
b) Exigir la exhibición de libros, anotaciones, comprobantes, documentos y papeles comerciales o privados, así como proceder a su examen, en cuyo caso el agente aduanero interviniente dejara constancia en acta de la existencia, individualización y estado de los mismos, e insertara, cuando fuere menester, nota datada en ellos;
c) Interdictar y secuestrar mercadería, en especial libros, anotaciones, documentos, papeles u otros comprobantes, con excepción de los documentos y papeles de carácter estrictamente personal. La mercadería interdicta o secuestrada deberá ser puesta a disposición de la autoridad competente dentro de las 48 horas.
D) Exigir de los importadores o tenedores de mercadería importada la prueba del cumplimiento de las condiciones a que su libramiento hubiera quedado sujeto;
e) Exigir de todo tenedor de mercadería importada con fines comerciales o industriales la prueba de su legítima introducción y tenencia;
f) Fiscalizar los regímenes de identificación de la mercadería importada y exigir de quienes la detentaren con fines comerciales o industriales el cumplimiento de los recaudos establecidos en los mismos.
En la zona secundaria aduanera, el servicio aduanero también podrá, previa autorización judicial, allanar y registrar depósitos, locales, oficinas, moradas, residencias, domicilios y cualesquiera otros lugares, así como incautar documentos, papeles u otros comprobantes cuando estuvieren directa o indirectamente vinculados al tráfico internacional de mercadería.
3. Control en el mar territorial argentino
En el mar territorial argentino, el servicio aduanero, podrá:
a) Siempre que mediare sospecha de haberse configurado un ilícito aduanero, detener personas y mercaderías, incluidos los medios de transporte, a fin de proceder a su identificación y registro.
asimismo, podrá adoptar todas las medidas pertinentes para lograr la detención o retención de los medios de transporte, en casos debidamente justificados. No obstante, cuando alguna persona se hallare presuntamente incursa en el delito de contrabando, su tentativa o encubrimiento deberá proceder a su detención, con comunicación inmediata a la autoridad judicial competente, poniéndola a su disposición dentro de las 48 horas.
b) Exhibir la exhibición de libros, anotaciones, comprobantes, documentos y papeles comerciales o privados, así como proceder a su examen, en cuyo caso el agente aduanero interviniente dejara constancia en acta de la existencia, individualización y estado de los mismos e insertara, cuando fuere menester, nota datada en ellos;
c) Cuando se comprobare, prima facie, la Comisión de algún ilícito aduanero, interdictar y secuestrar mercadería, en especial libros, anotaciones, documentos, papeles u otros comprobantes, con excepción de los documentos y papeles de carácter estrictamente personal. La mercadería interdicta o secuestrada deberá ser puesta a disposición de la autoridad competente dentro de las 48 horas;
D) Establecer áreas dentro de las cuales la permanencia y circulación de personas y mercadería, incluidos los medios de transporte, queda sujeta a autorización previa.
Control en la zona marítima aduanera
El servicio aduanero podrá:
a)Detener personas y mercaderías, incluidos los medios de transporte, a fin de proceder a su identificación y registro. Asimismo, podrá adoptar todas las medidas pertinentes para lograr la detención o retención de los medios de transporte en casos debidamente justificados y podrá proceder a su visita e inspección de sus cargas, en cualquier condición o lugar en que esta última se encontrare. No obstante, cuando alguna persona se hallare presuntamente incursa en el delito de contrabando, su tentativa o encubrimiento deberá proceder a su detención, con comunicación inmediata a la autoridad judicial competente, poniéndola a su disposición dentro de las 48 horas;
b) Exigir la exhibición de libros, anotaciones, comprobantes, documentos y papeles comerciales o privados, así como proceder a su examen en cuyo caso el agente aduanero interviniente dejara constancia en acta de la existencia, individualización y estado de los mismos, e insertara, cuando fuere menester, nota datada en ellos;
c) Interdictar y secuestrar mercadería, en especial libros, anotaciones documentos, papeles u otros comprobantes con excepción de los documentos y papeles de carácter estrictamente personal. La mercadería interdicta o secuestrada deberá ser puesta a disposición de la autoridad competente dentro de las 48 horas;
D) Controlar la circulación y permanencia de personas y mercadería, incluidos los medios de transporte, así como determinar las rutas de ingreso y salida de la zona primaria aduanera y las horas hábiles para transitar por ellas;
e) Someter la circulación de determinada mercadería a regímenes especiales de control;
f) Establecer áreas dentro de las cuales la permanencia y circulación de personas y mercaderías, incluidos los medios de transporte, quedan sujetas a autorización previa.
4. Control en el mar suprayacente al lecho
En las aguas suprayacentes al lecho y subsuelo submarinos sometidos a la soberanía de la Nación, que no pertenecieren al mar territorial argentino, el servicio aduanero, sin perjuicio del derecho de persecución, cuando se tratare de mercadería extraída del lecho y subsuelo mencionados o, en su caso, la introducida en ellos podrá:
a) Detener personas y mercadería, incluidos los medios de transporte, a fin de proceder a su identificación y registro. No obstante, cuando alguna persona se hallare presuntamente incursa en el delito de contrabando, su tentativa o encubrimiento deberá proceder a su detención con comunicación inmediata a la autoridad judicial competente, poniéndola a su disposición dentro de las 48 horas;
b) Interdictar y secuestrar mercaderías, cuando se comprobare, prima facie, la Comisión de algún ilícito aduanero. La mercadería interdicta o secuestrada deberá ser puesta a disposición de la autoridad competente dentro de las 48 horas.
Unidad 5 Disposiciones comunes a la importación y a la exportación
1. Operación de transbordo
El servicio aduanero permitirá que en toda o parte de la mercadería transportada transborde a otro medio de transporte, siempre que se encontrare incluida en la declaración de la carga y no hubiere sido aun descargada.
El transbordo de rancho se admitirá siempre que se efectuare entre dos medios de transporte que dependieren del mismo transportista y tuvieren idéntica nacionalidad.
El transbordo de pacotilla se admitirá siempre que su titular hubiere de desempeñarse como tripulante de otro medio de transporte.
Cuando el transbordo no se hiciere directamente sobre el medio de transporte que habrá de conducirla a destino, la mercadería de que se tratare podrá permanecer en un medio de transporte o lugar intermedio durante el plazo y con los recaudos que fijare la reglamentación, el que no podrá exceder de 90 días.
El transbordo sólo podrá efectuarse previa autorización y bajo control del servicio aduanero, en los lugares y durante los horarios habilitados para ello.
La administración Nacional de aduanas determinara las formalidades y los demás requisitos que deberá contener la solicitud de transbordo incluidos los relativos al modo de descripción de la mercadería.
2. Despacho de Oficio
Mercadería sin titular conocido, sin declarar o en rezago
El servicio aduanero procederá a anunciar la existencia y situación jurídica de la mercadería durante 3 días en el boletín de la repartición aduanera, indicando el número, marca y envase u otras características suficientes para su individualización, cuando:
a) La mercadería hubiere arribado, cierta o presuntamente, al territorio aduanero como consecuencia de naufragio, echazon, accidente u otro siniestro acaecido durante su transporte.
b) No se solicitare, dentro del plazo correspondiente, alguna destinación aduanera definitiva o suspensiva para dicha mercadería,
c) En el depósito o en cualquier otro lugar de la zona primaria aduanera se hallare mercadería respecto de la cual se desconociere su titular.
D) No se solicitare, dentro del plazo correspondiente, una destinación aduanera de exportación, definitiva o suspensiva a la restitución a plaza, según correspondiere, de la mercadería sometida al régimen de depósito provisorio de exportación.
e) No se solicitare, dentro del plazo correspondiente, alguna destinación aduanera para la mercadería que, en carácter de equipaje no acompañado, hubiere ingresado a deposito.
f) No se solicitare, dentro del plazo correspondiente, alguna destinación aduanera para la mercadería que, hallándose sometida al régimen de franquicia diplomática, hubiere ingresado a depósito provisorio.
Dentro del plazo de 60 días corridos, contado desde la última de las publicaciones, se permitirá al interesado, previa acreditación de su derecho a disponer de la mercadería, solicitar alguna de las destinaciones autorizadas, sin perjuicio del pago de las multas
Mercadería que hubiere sido objeto de comiso o abandono
Cuando la mercadería pasare a ser de propiedad del Estado Nacional, en virtud de comiso o abandono, el servicio aduanero dispondrá su venta, previa verificación, clasificación y valoración de la misma, no admitiéndose, luego, diferente destinación que la definitiva que se fijare en le acto que ordenare la venta correspondiente.
La venta se efectuara en pública subasta o por oferta bajo sobre cerrado, salvo que, mediando causas fundadas que lo justificaren, la administración Nacional de aduanas:
a) Dispusiere otros modos de venta, en la forma y condiciones que estableciere la reglamentación;
b) La vendiere en forma directa a alguna provincia, municipio a un ente descentralizado nacional, provincial o municipal o a una entidad de beneficencia con personería jurídica otorgada. En los supuestos previstos en éste inciso, el precio de venta consistirá en el valor de base que correspondiere para el caso de subasta u oferta sobre cerrado, con más un 10 %.
El adquirente en al venta está exento del pago de los tributos que gravaren la importación o la exportación para consumo, según cual fuere la destinación que correspondiere a las condiciones de la venta, con excepción de aquellos impuestos cuya recaudación no fuere de competencia del servicio aduanero, aun cuando se le hubiere delegado su percepción.

La administración Nacional de aduanas, por resolución fundada, podrá ordenar la destrucción de la mercadería comisada o abandonada cuando no resultare posible o conveniente disponer de la misma por los medios previstos en este capítulo.
La destrucción será obligatoria cuando se tratare de mercadería afectada a un prohibición de carácter no económico, salvo que mediare disposición especial en contrario.
Mercadería susceptible de demérito
Cuando la permanencia de una mercadería en depósito implicare peligro para su inalterabilidad o para la de la mercadería contigua, el servicio aduanero intimara al interesado para que se presente a retirarla dentro de un plazo que no podrá exceder de 10 días, a contar desde la fecha en que hubiere sido notificado de la intimación.
Cuando la mercadería se hallare afectada a un proceso o sumario, cualquiera fuere el estado o jurisdicción en que se encontraren las actuaciones, el administrador de la Aduana o quien ejerciere sus funciones podrá efectuar la intimación que debe ser comunicada de inmediato al juez o funcionario a cargo del sumario. En estos supuestos el retiro deberá efectuarse bajo el régimen de garantía.
En el supuesto en que la mercadería se hallare afectada a un proceso o sumario instruido por la presunta Comisión de un ilícito que estuviere reprimido con pena de comiso y cuya permanencia en depósito implicare peligro para su inalterabilidad o para la de la mercadería contigua o pudiere disminuir su valor, el administrador de la Aduana o quien ejerciere sus funciones podrá disponer su venta sin mediar intimación para su retiro, sin perjuicio de la notificación al interesado y comunicación al juez o funcionario que se hallare a cargo del sumario.
Cuando se desconociere el titular de la mercadería o el domicilio del mismo, el servicio aduanero efectuara la intimación mediante anuncios durante 3 días en el boletín de la repartición aduanera, indicándose el número, marca y envase u otras características suficientes para su individualización.
La administración Nacional de aduanas, por resolución fundada, podrá ordenar la destrucción de la mercadería cuando no resultare posible o conveniente la venta.
Importación de carácter no económico
Salvo disposición especial en contrario, cuando la mercadería afectada por una prohibición de carácter no económico se encontrare en depósito provisorio de importación o se sometiere o pretendiere someter a una destinación de importación, el servicio aduanero intimara al interesado para que la reexporte dentro de un plazo que no podrá exceder de 10 días, a contar desde la fecha en que hubiere sido notificado de la intimación. Si se desconociere el titular de la mercadería o su domicilio, la intimación se hará efectiva mediante aviso a publicarse por un día en el boletín de la repartición aduanera indicando el número, marca y envase u otras características suficientes para su individualización.
Transcurrido el plazo sin que el interesado reexportare la mercadería, se considerara que se ha hecho abandono de la misma a favor del Estado nacional y el servicio aduanero podrá disponer su inmediata destrucción o inutilización, salvo disposición especial en contrario.

3. Régimen de Garantía

El servicio aduanero tiene como una de sus funciones principales el resguardo de la renta fiscal, no obstante debe prever una forma de preservar los intereses de los contribuyentes teniendo en cuenta que está brindando un servicio al comercio internacional de la Nación.
Para agilizar el libramiento de las mercaderías que realizan operaciones aduaneras, asegurando los intereses del fisco, se establece la constitución de fianzas a favor de la Dirección General de Aduanas en un sinnúmero de situaciones que pueden presentarse durante las transacciones comerciales desde y hacia el exterior.
De tal modo el Código Aduanero norma un régimen sumamente útil para los operadores de comercio exterior, abarcando los diferentes conflictos que podrían demorar el libramiento de la mercadería.
La Ley permite la constitución de garantías para las siguientes situaciones:

a) Libramiento de mercadería de importación o exportación que reconozca o este sujeta a una eventual diferencia tributaria. Para el caso, debe abonarse la liquidación estimada y conformada en la declaración comprometida y, por la determinación en conflicto, garantizar hasta la suma mayor que pudiera aplicarse, según la estimación del servicio aduanero.

b) Libramiento de mercadería con espera en el pago de tributos, en relación con los conceptos que se han autorizado abonar en un determinado plazo; exige que tanto el importe por el tributo, como también los intereses y accesorios puedan garantizarse.

c) Libramiento de mercadería sometida al régimen de admisión temporaria, a fin de resguardar los eventuales tributos con que pudieran gravarse esas mercaderías en caso de una destinación definitiva para consumo. También establece el dispositivo que, en la hipótesis de tratarse de una mercadería afectada a una prohibición, el importe del afianzamiento debe cubrir el valor en aduana de las mercaderías amparadas por la operación temporaria. En atención a que el régimen de importación temporaria dispone la obligación de exportar los bienes introducidos bajo el amparo de aquella destinación suspensiva, la ley garantiza cualquier incumplimiento merced a la garantía otorgada.

d) Libramiento de mercaderías sometidas al régimen de exportación temporaria, a fin de resguardar los posibles tributos con los que pudieren gravarse esos elementos en caso de una exportación definitiva para consumo. Asimismo, en la hipótesis anterior, o de tratarse de mercadería afectada por una prohibición, el importe de la garantía debe cubrir el valor en aduana de las mercaderías amparadas por la operación temporaria, ello, habida cuenta de la obligación de que retornen al territorio aduanero.

e) Libramiento de mercadería de importación sujeta al cumplimiento de una obligación como condición de una franquicia o beneficio.

f) Libramiento de mercadería, en virtud de la cual se hubiera permitido el registro de la destinación aduanera, sin que se acompañe la documentación complementaria. La fianza debe cubrir la eventual multa automática prevista en caso de no presentar la documentación faltante en los plazos establecidos.

g) Libramiento de mercadería sujeta a la aplicación de derechos antidumping o compensatorios. La autoridad de aplicación del régimen respectivo es quien dispone el importe a afianzar, a los fines de resguardar la eventual imposición tributaria.

h) Libramiento de mercaderías cuyo despacho esté definido como consecuencia de la instrucción de un sumario por la presunta comisión de un ilícito aduanero que puede dar lugar a la aplicación de una sanción de multa. En el supuesto de importación, el importe a garantizar debe cubrir el valor en aduana de la mercadería, salvo que el importe de multa a aplicar resultase menor, en tal caso, se prevé el afianzamiento de este último monto. Si la destinación solicitada está gravada con algún tributo, debe pagarse o garantizarse dicho importe. En el supuesto de exportación, la fianza debe resguardar el importe equivalente al valor en plaza del bien, descontado el pago de los tributos que debiere efectuarse en efectivo. Cuando el máximo de la multa eventualmente aplicable, adicionada a la diferencia de tributos que pudiera resultar exigible, es un importe inferior, basta con afianzar el de la multa, y, además, pagar y garantizar los importes por la diferencia tributaria que pudiera existir.

i) Libre disponibilidad de mercadería objeto de una medida cautelar recaída en un sumario instruido por la presunta comisión de un ilícito aduanero que pueda dar lugar a una sanción de multa, dispuesta luego del libramiento. El importe a garantizar debe ser el valor en plaza de la mercadería, salvo que el máximo de la multa que eventualmente pudiera corresponder, adicionado a la diferencia de los tributos pertinentes, fuera un importe inferior, en cuyo caso corresponde este último.

j) La autorización de operaciones de tránsito de importación exige que se garantice el importe eventual de los tributos con que estuviera gravada la importación para consumo. En la hipótesis que la mercadería estuviera afectada por una prohibición, la fianza requerida debe cubrir el valor en plaza de la mercadería.

k) La percepción anticipada del “drawback” puede permitirse siempre que se constituya una garantía a favor del Estado Nacional por el importe en cuestión, con más un 10 % para cubrir posibles sanciones y accesorios.

l) El cobro anticipado de reintegros y reembolsos puede efectuarse siempre que se otorgue una fianza a favor del Estado Nacional por el importe percibido, con más un 10 % para cubrir sanciones y accesorios.

m) Las habilitaciones de ámbitos para el funcionamiento de depósitos aduaneros deben garantizar los montos que las reglamentaciones de la Dirección General de Aduanas dispongan. Ello debe resguardar el cumplimiento de las eventuales responsabilidades tributarias por las mercaderías que guardan, así como por las responsabilidades penales del depositario o de aquel por quien éste deba responder, según el caso.

Las garantías podrán referirse a una sola operación o bien a varias. El servicio aduanero será quien fije el tipo e importe de la garantía global que puede ser utilizada por cada una de las aduanas intervinientes, corresponde a las aduanas afectar la garantía global que se acompaña en proporción al importe de cada operación individual, y resulta que la parte de la garantía global liberada por cancelación de cada operación aduanera se reincorpora en forma automática en la garantía global.
Siempre que el importe y la solvencia de la garantía fueren considerados satisfactorios por el servicio aduanero, los operadores podrán optar por alguna de las siguientes garantías:

• Depósito de dinero en efectivo

• Depósito de títulos de la deuda pública

• Garantía bancaria

• Seguro de garantía

• Garantía real, en primer grado de privilegio, únicamente para asegurar el pago de los importes comprendidos en una espera o facilidad de pago de las autorizaciones del Código de Aduana.

• Afectación expresa de la coparticipación federal en el producido de impuestos nacionales, cuando se tratare de operaciones efectuadas o a efectuarse por entes o dependencias centralizadas o descentralizadas de la Nación.

• Aval del Tesoro Nacional, cuando se tratare de operaciones efectuadas o a efectuarse por entes o dependencias centralizadas o descentralizadas de la Nación.

• Las demás que sean autorizadas por la reglamentación para los supuestos y en las condiciones que se establezcan.

Se veda el uso del régimen de garantías para el libramiento de mercaderías, si pudiera afectar la decisión aduanera o la consideración de un recurso deducido contra la misma.
Se trata de mercaderías sujetas a procesos sumariales por presunta comisión de ilícitos reprimido con pena de decomiso.
4. Prohibiciones a la importación y a la exportación
Clase de prohibiciones
Ls prohibiciones a la importación y a la exportación se distinguen:
a) según su finalidad preponderante, en económicas o no económicas;
b) según su alcance, en absolutas o relativas.
Son económicas las prohibiciones establecidas con cualquiera de los siguientes fines:
a) asegurar a adecuado ingreso para el trabajo nacional o combatir la desocupación;
b) ejecutar la política monetaria, cambiaria o del Comercio exterior;
c) promover, proteger o conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como dichos bienes y servicios, los recursos naturales o vegetales;
D) estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de oferta adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno;
e) atender las necesidades de las fianzas públicas;
f) proteger los derechos de la propiedad intelectual, industrial o comercial;
g) resguardar la buena fe comercial, a fin de impedir las prácticas que pudieren inducir a error a los consumidores.
Son no económicas las prohibiciones establecidas por cualquiera de las razones siguientes:
a) Afirmación de la soberanía nacional o defensa de las instituciones políticas del estado;
b) Política internacional;
c) Seguridad pública o defensa nacional;
d) Moral pública y buenas costumbres;
e) Salud pública, política alimentaria o sanidad animal o vegetal;
f) Protección del patrimonio artístico, histórico, arqueológico o científico;
g) Conservación de las especies animales o vegetales.
h) Preservación del ambiente, conservación de los recursos naturales y prevención de la contaminación.
Son absolutas las prohibiciones que impiden a todas las personas la importación o la exportación de mercadería determinada.
Son relativas las prohibiciones a la importación o a la exportación cuando prevé excepciones a favor de una o varias personas.
Ambito de aplicación de prohibiciones
Las prohibiciones de carácter económico sólo rigen para la importación y la exportación para consumo, salvo disposición especial que determinare que se aplicaran, además o en lugar de éstas, a otras destinaciones aduaneras.
Las prohibiciones a la importación y a la exportación entraran en vigencia a partir del día siguiente al de la publicación oficial de la norma respectiva, excepto cuando:
a) la norma que la estableciere determinare una fecha posterior;
b) la norma que estableciere una prohibición de carácter no económico dispusiere expresamente que el momento de su entrada en vigencia es el de la fecha de su dictado.
Cuando se tratare de importación, las prohibiciones de carácter económico no alcanzan a la mercadería que se encontrare, a la fecha de entrar en vigencia la medida, en alguna de las siguientes situaciones:
a) expedida con destino final al territorio aduanero por tierra, agua o aire y cargada en el respectivo medio de transporte;
b) en zona primaria aduanera, por haber arribado con anterioridad al territorio aduanero.
El beneficio caducara si no se registrare la solicitud de importación para consumo dentro del plazo que fijare la reglamentación, el que no podrá exceder de 90 días contados desde la entrada en vigor de la medida.
Modalidades de prohibiciones relativas
La importación o la exportación a una prohibición puede ser autorizada bajo la condición del cumplimiento de determinadas obligaciones.
Salvo disposición especial en contrario, la propiedad, posesión, tenencia o uso de la mercadería beneficiada con la excepción a una prohibición de importación no puede ser objeto de transferencia cuando ésta implicare una violación a la condición establecida a los fines que fundamentaron el beneficio.
No obstante, cuando existieren motivos fundados, el interesado podrá solicitar autorización para efectuar dicha trasferencia y la administración Nacional de aduanas podrá concederla, previa consulta, si correspondiere, a los organismos que debieren intervenir por la índole de la operación o la especie de la mercadería. En tal caso, el nuevo responsable será considerado, a todos los efectos, como si se tratare del originario.
El incumplimiento de las obligaciones impuestas como condición, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas al efecto en este código así como a las consecuencias contempladas en la norma que hubiere establecido la excepción y en la reglamentación.
Cuando no se hubiere establecido plazo de extinción, la obligación impuesta como condición se extingue a los 5 años, a contar del primero de enero del año siguiente a aquel en que hubiera tenido lugar el libramiento.
Facultades para establecer y suprimir prohibiciones
El Poder Ejecutivo podrá establecer prohibiciones de carácter no económico a la importación o a la exportación de determinada mercadería con el objeto de cumplir alguna de las finalidades:

a) Afirmación de la soberanía nacional o defensa de las instituciones políticas del estado;
b) Política internacional;
c) Seguridad pública o defensa nacional;
d) Moral pública y buenas costumbres;
e) Salud pública, política alimentaria o sanidad animal o vegetal;
f) Protección del patrimonio artístico, histórico, arqueológico o científico;
g) Conservación de las especies animales o vegetales.
h) Preservación del ambiente, conservación de los recursos naturales y prevención de la contaminación

El Poder Ejecutivo podrá establecer prohibiciones de carácter económico a la importación o a la exportación de determinada mercadería, en forma transitoria, con el objeto de cumplir alguna de las finalidades:
a) asegurar a adecuado ingreso para el trabajo nacional o combatir la desocupación;
b) ejecutar la política monetaria, cambiaria o del Comercio exterior;
c) promover, proteger o conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como dichos bienes y servicios, los recursos naturales o vegetales;
D) estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de oferta adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno;
e) atender las necesidades de las fianzas públicas;
f) proteger los derechos de la propiedad intelectual, industrial o comercial;
g) resguardar la buena fe comercial, a fin de impedir las prácticas que pudieren inducir a error a los consumidores.

cuando tales finalidades no pudieren cumplirse adecuadamente mediante el ejercicio de las facultades otorgadas para establecer o aumentar los tributos que gravaren las respectivas destinaciones.
5. Reciprocidad de tratamiento-Retorsión
Cuando un país aplicare un tratamiento discriminatorio perjudicial a la importación de mercadería originaria o procedente del territorio aduanero argentino o que arribare a aquel en un medio de transporte de matrícula o de pabellón argentinos, el Poder Ejecutivo podrá adoptar las medidas previstas en este capítulo cuando se tratare de la importación de mercadería originaria o procedente de dicho país o que arribare en un medio de transporte de matrícula o de pabellón del mismo.
En materia tributaria aduanera, el Poder Ejecutivo podrá:
a) aumentar la alícuota del derecho de importación ad valorem hasta el 600 %;
b) aumentar hasta el quíntuplo de derecho de importación específico y el impuesto de equiparación de precios. No obstante, cuando éste aumento resultare insuficiente, a juicio del mismo, podrá establecer un derecho de importación ad valorem de hasta 600 %.
Unidad 6: Regímenes especiales
1. Regimen de los medios de transporte

Los medios de transporte extranjeros que con el objeto de transportar pasajeros o mercadería arribaren por sus propios medios al territorio aduanero y que con esa finalidad debieren permanecer en el mismo sin modificar su estado y en forma transitoria, quedan sometidos al régimen de importación temporaria sin necesidad de solicitud ni otorgamiento de garantía alguna.
Los medios de transporte nacionales que con el objeto de transportar pasajeros o mercadería salieren por sus propios medios del territorio aduanero y que con esa finalidad debieren permanecer fuera del mismo sin modificar su estado y en forma transitoria, quedan sometidos al régimen de exportación temporaria sin necesidad de solicitud ni otorgamiento de garantía alguna.
El Poder Ejecutivo podrá establecer los plazos máximos durante los cuales los medios de transporte podrán permanecer en el territorio aduanero o fuera del mismo.
Cuando los medios de transporte a que se refiere este capítulo debieren ser objeto de trabajos de reparación, de transformación o de cualquier otro perfeccionamiento o beneficio, las respectivas operaciones quedan sometidas a los regímenes aduaneros que en cada caso resultaren aplicables.
Las disposiciones de este capítulo, no se aplican a los medios de transporte de uso particular.
Operaciones aduaneras transporte de guerra

Los medios de transporte de Guerra, seguridad o policía podrán hacer, en las condiciones previstas en este capítulo, las operaciones aduaneras de carga, descarga y transbordo referentes a pertrechos de Guerra, rancho, provisiones de a bordo y suministros, siempre que dichas operaciones fueren acordes con el carácter de servicio de poder público a que se hallaren afectados los aludidos medios de transporte.
2 cuando el medio de transporte de Guerra, seguridad o policía fuere extranjero, la aplicación de las disposiciones del presente capítulo estarán sujetas a reciprocidad de tratamiento, sin perjuicio de la intervención de la autoridad militar.
La carga y descarga de pertrechos de Guerra podrán realizarse sin necesidad de permiso ni requisito aduanero alguno.
El transbordo podrá realizarse sin necesidad de permiso ni requisito aduanero alguno, siempre que se efectuare entre medios de transporte de Guerra, seguridad o policía afectados al servicio del poder público.
Cuando el medio de transporte de Guerra, seguridad o policía fuere extranjero deberá mediar comunicación al servicio aduanero, con carácter previo a la carga, descarga o transbordo.
Cuando el medio de transporte de Guerra, seguridad o policía transbordase mercadería de rancho, provisiones de a bordo o suministros de otro medio de transporte que no revistiere tal carácter y que fuere de distinta nacionalidad, dicha operación:
a) será considerada como se tratare de importación para consumo cuando se refiriese a mercadería que careciere de libre circulación en el territorio aduanero. En este supuesto, el responsable del medio de transporte del que se transbordare la mercadería estará sujeto a las pertinentes obligaciones tributarias;
b) no se hallara sujeta al pago de derechos de exportación.
Se entiende por medios de transporte de Guerra, seguridad o policía todo tipo de buques, aeronaves o vehículos terrestres afectados al servicio de la fuerzas Armadas, de seguridad o de policía, con prescindencia de su afectación o no como transporte de carga.
2. Régimen de contenedores
Se considerará contenedor a un elemento de equipo de transporte que:
a) Constituya un compartimiento, total o parcialmente cerrado, destinado a contener y transportar mercaderías;
b) Haya sido fabricado según las exigencias técnico-constructivas, de conformidad con las normas IRAM o recomendaciones COPANT o ISO u otras similares;
c) Este construido en forma tal que por su por su resistencia y fortaleza pueda soportar una utilización repetida;
d) Pueda ser llenado y vaciado con facilidad y seguridad;
e) Esté provisto de dispositivos (accesorios) que permitan su sujeción o fijación y su manipuleo rápido y seguro en la carga, descarga y trasbordo de uno a otro modo de transporte;
f) Sea identificable por medio de marcas y números grabados con material indeleble, que sean fácilmente visualizables.

La introducción, desplazamiento y extracción de contenedores del territorio aduanero general, el territorio aduanero especial, zonas francas y otros ámbitos geográficos en los que se aplique la legislación aduanera argentina, se realizará bajo responsabilidad de un agente de transporte aduanero, según los requisitos que establezca la reglamentación.
La Administración nacional de Aduanas reglamentará la utilización de los contenedores, preservando la rapidez y economía del desplazamiento de estos equipos de transporte, la seguridad de la carga y el respeto de los acuerdos internacionales sobre la materia.

Régimen de equipaje
Constituyen equipaje los efectos nuevos o usados que un viajero, en consideración a las circunstancias de su viaje, pudiere razonablemente utilizar para su uso o consumo personal o bien para ser obsequiados, siempre que por la cantidad, calidad, variedad y valor no permitieren presumir que se importan o exportan con fines comerciales o industriales.

El equipaje puede ser conducido por el propio viajero o bien ser remitido antes o después del ingreso o egreso de este.
La reglamentación establecerá los plazos dentro de los cuales el equipaje no acompañado deberá arribar o salir, según el caso, al o del territorio aduanero.
Los efectos que constituyen equipaje no acompañado que arribaren o salieren, según el caso, una vez vencidos los plazos establecidos a ese fin no gozaran de la exención de tributos.
Si el viajero, al ingreso o egreso del territorio aduanero, condujere efectos cuya importación o exportación, según el caso, no se hallare exenta del pago de tributos, deberá declararlo al servicio aduanero.
El servicio aduanero podrá exigir del viajero que ingrese o egrese del territorio aduanero, con carácter previo a su eventual revisación, que la declaración referente a los efectos que condujere o remitiere bajo el régimen de equipaje se sujete a determinadas formalidades.

El servicio aduanero, puede verificar el equipaje de los viajeros y proceder al Registro personal de los mismos. El control sobre las personas se ejercitara, salvo supuestos excepcionales, sobre una base selectiva o por sondeo.
No obstante lo previsto en el apartado 1, se procederá al Registro personal de los viajeros cuando se presumiere la configuración de algún ilícito.

Rancho, provisiones de a bordo y suministros

Las disposiciones serán de aplicación al rancho, provisiones de a bordo y suministros de los medios de transporte nacionales o extranjeros que con el objeto de transportar pasajeros o mercadería o cumplir con su función específica, arribaren o salieren por su propios medios al o del territorio aduanero.
Constituyen rancho, provisiones de a bordo y suministros del medio de transporte el combustible, los repuestos, los aparejos, los utensilios, los comestibles y la demás mercadería que se encontrare a bordo del mismo para su propio consumo y para el de su tripulación y pasaje.
El consumo de mercadería, que constituyere rancho, provisiones de abordo o suministros en un medio de transporte que procediere del exterior y se hallare en el territorio aduanero, dentro de las cantidades autorizadas por el servicio aduanero, no se halla sujeto al pago de los tributos que gravaren la importación para consumo, así como tampoco le son aplicables las prohibiciones de carácter económico.
La persona a cuyo cargo se hallare el medio de transporte no puede dar a la mercadería que constituyere rancho, provisiones de a bordo o suministros otro destino que el de consumo a bordo.
El servicio aduanero, a pedido del interesado, podrá autorizar su importación para consumo previo cumplimiento de los recaudos que fueren de aplicación siempre que tal destinación no se hallare sujeta a una prohibición.
La solicitud para cargar mercadería con destino a rancho, provisiones de abordo o suministros en un medio de transporte, nacional o extranjero, que debiere salir del territorio aduanero, debe formalizarse ante el servicio aduanero mediante declaración escrita. No obstante, la reglamentación podrá exceptuar de lo dispuesto en este artículo al rancho, provisiones de a bordo o suministros del medio de transporte que hiciere transporte de removido.
Cuando en un medio de transporte, nacional o extranjero, que debiere salir del territorio aduanero se cargare mercadería que tuviere libre circulación en el territorio aduanero con destino a rancho, provisiones de a bordo o suministros, se considera dicha carga como si se tratare de una exportación para consumo, exenta del pago de los tributos que la gravaren, salvo disposición en contrario del Poder ejecutivo.
La carga en un medio de transporte, nacional o extranjero, de mercadería que careciere de libre circulación en el territorio aduanero con destino a rancho, provisiones de a bordo o suministros procedente de depósito sometido a control aduanero, se considera como se tratare de importación para consumo y se halla sujeta al correspondiente pago de tributos.
Excepciones:
a) la carga de combustibles líquidos y lubricantes y que se hallaren almacenados en depósitos especiales habilitados a ese efecto, con destino al rancho de los buques extranjeros o nacionales afectados a la navegación internacional, está exenta del pago de los tributos que gravaren la importación para consumo, con excepción de los que constituyeren tasas, siempre que, en el caso de buques extranjeros, estos fueren de bandera de países cuyas normas en vigor admitiesen en sus puertos un tratamiento similar para el abastecimiento de los buques de bandera Nacional. En los supuestos previstos en éste inciso no será de aplicación la autorización
b) el Poder Ejecutivo podrá eximir del pago de los tributos que gravaren la importación para consumo a los repuestos y accesorios necesarios para reparar los medios de transporte extranjeros que permanecieren en forma transitoria en el territorio aduanero con el objeto de permitir el retorno por sus propios medios.
A solicitud del explotador de la aeronave autorizado para operar en transporte aéreo internacional o de sus agentes, el servicio aduanero podrá habilitar en los aeropuertos correspondientes, depósitos especiales para el almacenamiento de repuestos y demás elementos que determinare la reglamentación para la respectiva línea aérea, los que podrán ser extraídos de las aeronaves o conducidos a las mismas sin más requisitos que los establecidos para el ejercicio del control aduanero.
Régimen de pacotilla
Constituyen pacotilla los efectos nuevos o usados que un tripulante de un medio de transporte, en consideración a las circunstancias de su viaje, pudiere razonablemente utilizar para su uso o consumo personal o bien para ser obsequiados, siempre que la cantidad, calidad, variedad y valor no permitieren presumir que se importan o exportan con fines comerciales o industriales.
El consumo de mercadería que constituyere pacotilla a bordo de un medio de transporte, que se hallare en el territorio aduanero no esta sujeto al pago de los tributos que gravaren la importación para consumo, así como tampoco le son aplicables las prohibiciones de carácter económico.
El servicio aduanero exigirá de cada tripulante que embarcare o desembarcare del medio de transporte, con carácter previo a su eventual revisación, una declaración referente a los efectos que condujere bajo el régimen de la pacotilla.
El servicio aduanero, en el ejercicio del control que este código le otorga sobre las personas y la mercadería, puede verificar la pacotilla de los tripulantes y proceder al Registro personal de los mismos.
La propiedad, posesión o tenencia de los efectos nuevos o bien con un uso tal que permitiere considerarlos nuevos y que hubieren sido importados en virtud del régimen previsto en este capítulo sin el pago de derechos de importación no pueden ser objeto de trasferencia a título oneroso durante el plazo que fijare la reglamentación, el que no podrá exceder de 2 años.
Régimen de franquicias diplomáticas
Quedan comprendidas en éste régimen las importaciones y las exportaciones que efectuaren:
a) las Misiones diplomáticas y consulares extranjeras;
b) las representaciones permanentes de los organismos internacionales de los que la Nación fuere miembro;
c) las representaciones de los organismos especializados con los cuales la Nación hubiera celebrado convenciones internacionales ratificadas;
d) los agentes diplomáticos y consulares extranjeros;
e) los funcionarios y expertos de los organismos mencionados en los incs.
b y c de este artículo;
f) el personal administrativo de las Misiones mencionadas en los incs. D y e de este artículo siempre que convivieren con ellas;
g) los familiares de las personas mencionadas en los incs. D y E de este artículo, siempre que convivieren con ellas.

Las importaciones y exportaciones están exentas del pago de los tributos a la importación y a la exportación cuando:
a) se tratare de bienes para el uso estrictamente oficial o personal de los beneficiarios; y b) existiere reciprocidad, en el sentido de que las Misiones diplomáticas y consulares argentinas en el exterior, así como sus integrantes, gozaren de beneficios no inferiores a los previstos en este capítulo.
Exclúyese de la exención el pago por servicios extraordinarios fuera del horario y lugar oficiales, y por almacenaje, eslingaje, acarreo, guinche y demás servicios análogos.
Los funcionarios del servicio exterior de la Nación podrán:
a) importar con exención de los tributos que gravaren la importación para consumo los bienes para su uso o consumo personal de los miembros de su familia y personal de servicio y los que constituyeren el ajuar de su vivienda en el exterior, cuando fueren trasladados de retorno, dentro del plazo que se fijare a ese fin. Los bienes a que se refiere este inciso deben haber sido adquiridos para ser usados durante su permanencia en el exterior. Exclúyese de la exención prevista en éste inciso el pago por servicios y extraordinarios fuera del horario y lugar oficiales, y por almacenaje, eslingaje, acarreo, guinche y demás servicios análogos;
b) exportar con exención de los tributos que gravaren la exportación para consumo, excluido la tasa por servicios extraordinarios, los efectos para su uso o consumo personal de los miembros de su familia y personal de servicio y los que constituyeren el ajuar de su vivienda, en ocasión de su traslado al exterior.
Los funcionarios de la Nación designados por el Poder Ejecutivo para cumplir Misiones oficiales de carácter permanente o transitorio en el exterior, en éste último supuesto por un plazo no inferior a 12 meses, gozaran de las mismas franquicias.
El equipaje de estas personas puede ser conducido por ellas mismas o bien ser remitido antes o después del ingreso o egreso de éstas.
La reglamentación establecerá los plazos dentro de los cuales el equipaje no acompañado deberá arribar o salir, según el caso, al o del territorio aduanero.

Los beneficiarios comprendidos en los incs. d, e y g, que no fueran de nacionalidad Argentina, están exceptuados de la inspección aduanera de su equipaje personal acompañado o no acompañado siempre que, en éste último caso, el equipaje no acompañado arribare o saliere del territorio aduanero dentro del plazo que autorizare la reglamentación.
No obstante, el servicio aduanero podrá efectuar dicha inspección cuando existieren razones fundadas que permitieren presumir la configuración de algún ilícito, con sujeción a las formalidades que determinare la reglamentación.
La valija diplomática o consular sólo podrá contener los documentos oficiales diplomáticos o consulares u objetos de estricto uso oficial.
La valija diplomática o consular no podrá ser abierta o retenida por el servicio aduanero salvo cuando existieren razones fundadas que permitieren presumir la configuración de algún ilícito, con sujeción a las formalidades que determinare la reglamentación.

La propiedad, posesión o tenencia de los efectos nuevos o bien con un uso tal que permitiere considerarlos nuevos y que hubieren sido importados en virtud del régimen previsto en este capítulo sin el pago de derechos de importación, no pueden ser objeto de trasferencia a título oneroso durante el plazo que fijare la reglamentación, el que no podrá ser inferior a 2 años ni superior a 5.
No obstante, cuando la mercadería constituyere un automotor, ya fuere nuevo o usado, la trasferencia de la propiedad, posesión o tenencia, no podrá efectuarse aun a título gratuito durante dicho plazo, salvo autorización previa efectuada en las condiciones que determinare la reglamentación.
Los funcionarios de las Misiones y representaciones extranjeras así como los miembros de los correspondientes núcleos familiares comprendidos gozaran de inmunidad de jurisdicción exclusivamente para los supuestos de delitos aduaneros, salvo renuncia hábil de dicha inmunidad por parte del estado acreditante, sin perjuicio de lo dispuesto en convenciones internacionales.

1 los miembros del personal de servicio de las Misiones o representaciones beneficiarias de franquicias diplomáticas gozan de inmunidad de jurisdicción para los supuestos de delitos aduaneros únicamente cuando:
a) fueren de nacionalidad extranjera;
b) no tuvieren residencia permanente en el país;
c) se tratare de actos realizados en el estricto desempeño de sus funciones.
2 salvo el supuesto previsto en el apartado 1, las penas privativas de la libertad e inhabilitaciones personales que establece la legislación aduanera resultaran aplicables al mencionado personal de servicio sin necesidad de renuncia o autorización alguna.
El personal de servicio particular de los miembros de las Misiones o representaciones beneficiarias de franquicia diplomática no gozan de inmunidad de jurisdicción en materia aduanera en ningún supuesto.
Régimen de envíos postales
Constituyen envíos postales, a los fines aduaneros, los efectuados con intervención de las administraciones de correos del país remitente y del país receptor, conforme a lo previsto en las convenciones internacionales ratificadas por la Nación y a lo que dispusiere la reglamentación.
El Poder Ejecutivo podrá, por motivos fundados, restringir la aplicación del régimen con relación a determinada mercadería.
La vía postal podrá ser utilizada para la importación o la exportación de mercadería, tuvieren o no finalidad comercial.
Los envíos postales con fines comerciales están sujetos a las normas generales de la legislación aduanera relativas a la importación y a la exportación de mercadería.
Serán consideradas importaciones o exportaciones sin finalidad comercial aquellas que tuvieren carácter ocasional y en las que, por la cantidad, calidad, variedad y valor de la mercadería, pudiere presumirse que son para uso o consumo personal del destinatario o de su familia.
Cuando se tratare de importación por vía postal, los plazos para efectuar la declaración de la mercadería, si mediare fin comercial, así como los plazos para la presentación del interesado, si no mediare fin comercial, se computaran a partir de la fecha de la recepción por el destinatario del pertinente aviso de correo.

Régimen de Muestras

Para el presente régimen, el Código Aduanero define “muestra” como los objetos representativos de una categoría determinada de mercadería ya producida, que este destinada exclusivamente a exhibiciones o demostraciones para concretar operaciones comerciales con dichos elementos, y los objetos que sean modelos de aquellos cuya producción se proyecta, siempre que en ambos supuestos la cantidad no exceda lo que sea usual para estos fines.
La normativa discrimina entre muestras que poseen valor comercial y las que no lo tienen. Las primeras son aquellas que mantienen su condición intacta, pero que por razones de concurrencia de factores extrínsecos, comprobables, no serán comercializadas, sino utilizadas tan solo para demostración o prueba. Las segundas son aquellas inutilizadas físicamente y las constituidas por piezas sueltas que no admiten posibilidad alguna de comercialización o recupero.
En ambos casos las mercaderías importadas o exportadas bajo el régimen de muestras están exentas del pago de tributos en las destinaciones definitivas de consumo.
Asimismo para gozar del beneficio el importe de la mercadería no debe exceder los valores mínimos dispuestos por la reglamentación, y por su cantidad, modo de presentación, o demás características no pueden ser utilizadas para una finalidad distinta de la establecida por el sistema.
La aduana tiene la facultad de exigir la inutilización de las mercaderías a importar o exportar por este sistema, en caso que el interesado tuviere la intención de introducir o externar esos bienes con exención impositiva. A tal fin, pueden colocarse marcas indelebles, corte, perforaciones y/o cualquier otro indicativo de su condición de muestra.

Las mercaderías introducidas al territorio aduanera bajo el régimen de muestras no podrán ser transferidas a título oneroso por un plazo de 18 meses contados a partir de la fecha de introducción de las mercaderías a plaza.
Reimportación de mercadería exportada para consumo
La reimportación de mercadería que previamente hubiere sido exportada para consumo está exenta de todo tributo que fuere exigible con motivo de la importación siempre que, al momento de la previa exportación, la mercadería se hubiere encontrado en libre circulación en el territorio aduanero y se cumplieren las condiciones exigidas en este capítulo.
La exención no comprende a las tasas retributivas de servicios, sin perjuicio de lo cual el Poder ejecutivo se encuentra facultado para otorgarla.
La exención de tributos queda sujeta a las siguientes condiciones:
a) que el servicio aduanero compruebe, a su satisfacción, que la mercadería reimportada es la misma que previamente se hubiere exportado para consumo;
b) que el servicio aduanero compruebe, a su satisfacción, que la mercadería reimportada se encontraba en libre circulación en el territorio aduanero, al tiempo de su exportación;
c) que, al reimportarse, la mercadería se presentare al servicio aduanero en el mismo estado en que se hallaba cuando fue exportada. Con sujeción a lo que dispusiere la reglamentación, no será óbice para considerar cumplida esta condición el hecho de que, durante su permanencia en el exterior, hubiera sido utilizada, deteriorada o hubiere sido sometida a un tratamiento necesario para su conservación o a una reparación de menor cuantía con fines de mantenimiento;
D) que la mercadería se importare por la misma persona que la hubiere exportado;
e) que la reimportación se produjere dentro del plazo que hubiere fijado la reglamentación, el que no podrá exceder de 5 años, a contar desde la fecha en la que se hubiera librado la mercadería para su exportación;
f) que se reintegraren al servicio aduanero los importes percibidos en concepto de estímulos a la exportación como así también que se restituyeren a los demás organismos, según correspondiere, los otros beneficios que hubieren sido otorgados con motivo de la exportación, en la forma que fijare la reglamentación. Tales importes deberán ser actualizados de acuerdo a la variación que hubiere experimentado el índice de precios al por mayor, nivel general, elaborado por el Instituto Nacional de estadística y censos o por el organismo oficial que cumpliere sus funciones, desde el mes en que se hubiere percibido el beneficio hasta el penúltimo mes anterior a aquel en que se produjere el reintegro;
g) que se pagaren los tributos interiores en los supuestos en que hubiera mediado su exención en virtud de la previa exportación para consumo de la mercadería, cuando fueren exigibles conforme a la legislación respectiva;
h) que la solicitud de exención se formulare juntamente con la solicitud de destinación de importación para consumo de la mercadería y se acreditare el cumplimiento de los requisitos establecidos.
Importación o de exportación para compensar envíos
Cuando en virtud de una obligación de garantía, la importación o la exportación de determinada mercadería tuviere por fin sustituir a otra idéntica o similar con deficiencias de material o de fabricación, dichas destinaciones están exentas del pago de los tributos que las gravaren, de la correspondiente negociación de divisas y de la aplicación de las prohibiciones de carácter económico, siempre que se cumplieren las condiciones que determinare la reglamentación.
La importación o la exportación efectuada con motivo de la devolución de la mercadería sustituida se hallara igualmente exenta del pago de los tributos que las gravaren, de la correspondiente negociación de divisas y de la aplicación de las prohibiciones de carácter económico, siempre que se cumplieren las condiciones que determinare la reglamentación.
La exención no comprende a las tasas retributivas de servicios, sin perjuicio de lo cual el Poder ejecutivo se encuentra facultado para otorgarla.
Régimen de tráfico fronterizo
El Poder Ejecutivo podrá establecer u n régimen especial de importación y exportación para los pobladores de países limítrofes o del territorio nacional, que residan en la respectiva zona de frontera, adaptado a sus necesidades y a las distintas coyunturas económicas.
El régimen que se estableciere debe excluir la posibilidad de su utilización con fines comerciales o industriales.
Facultase al Poder Ejecutivo para que, de conformidad con el régimen previsto en este capítulo, exima, total o parcialmente, de la aplicación de ciertas prohibiciones de carácter económico y de los tributos que gravaren la importación para consumo o la exportación para consumo de la mercadería comprendida en el mismo.
Régimen de envíos de asistencia y salvamento
La exportación para consumo de mercadería que se enviare como ayuda a lugares afectados por una catástrofe está exenta del pago de los tributos que la gravaren, como así también de la aplicación de prohibiciones de carácter económico.
La importación para consumo de los productos alimenticios, los medicamentos y de la demás mercadería de primera necesidad que se recibiere como ayuda para zonas del territorio aduanero afectadas por una catástrofe está exenta del pago de los tributos que la gravaren, como así también de la aplicación de prohibiciones de carácter económico, siempre que:
a) el importador fuere la Nación, una provincia, una municipalidad o un ente descentralizado de las mismas, o bien una entidad de beneficencia con personería jurídica que realizare dichas tareas;
b) la mercadería de que se tratare estuviere destinada a ser distribuida gratuitamente entre las víctimas de la catástrofe.
La propiedad, posesión o tenencia de la mercadería que hubiere sido importada en virtud del régimen previsto en este capítulo no puede ser objeto de transferencia en condiciones que impliquen una transgresión a las finalidades de las franquicias, durante el plazo que fijare la reglamentación, el que no podrá exceder de 2 años.

unidad 2, 7 y 8 del trabajo

DERECHO ADUANERO
LEGISLACION Y PRÁCTICA ADUANERA
UNIDAD II: DECRETO 618/97.
La AFIP es el ente de ejecución de la política tributaria y aduanera de la Nación. Tendrá las funciones acerca de la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos y accesorios dispuestos por las normas legales respectivas, y en especial de los tributos que gravan operaciones ejecutadas en el ámbito territorial y en los espacios marítimos, sobre los cuales se ejerce total o parcialmente la potestad tributaria nacional; también acerca de los tributos que gravan la importación y la exportación de mercaderías y otras operaciones; debe además administrar los recursos de la Seguridad Social correspondientes a los regímenes nacionales de jubilaciones y pensiones, sean de trabajadores en relación de dependencia o autónomos; los subsidios y asignaciones familiares; el Fondo Nacional de Empleo; y todo otro aporte o contribución que se deba recaudar; por último recaudar multas, recargos, intereses, garantías, etc. Debe controlar el tráfico internacional de mercaderías, la clasificación arancelaria y valoración de las mercaderías y todas aquellas funciones que surjan de su misión y las necesarias para su administración interna. Se faculta a la AFIP a actuar como agente de percepción de los impuestos provinciales o establecidos por la ciudad de BS AS. También a suscribir convenios con las provincias, la ciudad de Buenos Aires y municipios, los bancos oficiales –nacionales, provinciales o municipales, incluidos los de economía mixta – y privados, a los fines de la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos interiores, aduaneros y de los recursos de la Seguridad Social a su cargo. Cuando la AFIP no pueda debidamente desempeñar por sí las funciones y facultades a que se refiere este decreto, podrá delegar el ejercicio de las mismas en otros organismos de la Administración pública y fuerzas de seguridad. En el ejercicio de sus atribuciones, el administrador federal representa a la AFIP ante los poderes públicos, los responsables y los terceros. Secundarán al administrador federal 1 director general a cargo de la DGI y 1 director general a cargo de la DGA, y subdirectores generales cuyo número y competencia serán determinados por el Poder Ejecutivo nacional. El administrador federal designará y removerá a los directores generales, a los subdirectores generales y a los jefes de las unidades de estructura de primer nivel de la jerarquía. Los directores generales y los subdirectores generales participarán en las demás actividades relacionadas con la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos; reemplazarán al administrador federal en caso de ausencia o impedimento en todas sus funciones, atribuciones, deberes y responsabilidades, de acuerdo con el orden de prelación que establezca el propio administrador federal. El administrador federal tendrá que representar legalmente a la AFIP, personalmente o por delegación o mandato, en todos los actos y contratos que se requieran para el funcionamiento del servicio, pudiendo también actuar como querellante, de acuerdo con las disposiciones en vigor, y suscribir los documentos públicos o privados que sean necesarios; organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la AFIP en sus aspectos estructurales, funcionales y de administración de personal, incluyendo el dictado y la modificación de la estructura orgánico-funcional en los niveles inferiores a los que apruebe el Poder Ejecutivo nacional; entender en el proceso de negociaciones colectivas de trabajo con las entidades gremiales que representen al personal, con la autorización previa del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, en el marco de lo dispuesto por las Leyes; dictar los reglamentos de personal que no encuadren en negociaciones colectivas de trabajo o que correspondan a niveles jerárquicos no comprendidos en las mismas; designar personal con destino a la planta permanente o transitoria, así como también promover, sancionar y disponer bajas, con arreglo al régimen legal vigente; efectuar contrataciones de personal para la realización de labores temporales, extraordinarias o especiales, que no puedan realizarse con sus recursos de planta permanente, fijando las condiciones de trabajo y su retribución; promover la capacitación del personal; representar a la AFIP, en el orden nacional e internacional, en congresos, reuniones y/o actos propiciados por organismos oficiales o privados que traten asuntos de su competencia; autorizar los viajes al exterior de personal competente del organismo, en cumplimiento de misiones, por un lapso no mayor a 365 días; autorizar la prestación de servicios a terceros con carácter oneroso, siempre que no se afectare el adecuado desenvolvimiento del servicio; elevar anualmente al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos el plan de acción y el anteproyecto de presupuesto de gastos e inversiones para el ejercicio siguiente y la memoria anual; administrar el presupuesto, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones del organismo; licitar, adjudicar y contratar obras públicas y suministros; adquirir, vender, permutar, transferir, locar, construir y disponer de toda forma respecto de bienes muebles e inmuebles para el uso de sus oficinas o del personal, conforme las necesidades del servicio; aceptar donaciones con o sin cargo, todo ello de conformidad con las normas legales en vigencia; determinar los responsables jurisdiccionales de los fondos rotatorios internos y de cajas chicas, estableciendo el monto y su régimen de reposición, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 24156 y normas complementarias; propender a la más amplia y adecuada difusión de las actividades y normatividad del organismo; y toda otra atribución necesaria para el cumplimiento de las funciones del organismo. El administrador federal estará facultado para impartir normas generales obligatorias para los responsables y terceros, en las materias en que las leyes autorizan a la AFIP a reglamentar la situación de aquéllos frente a la Administración. Las citadas normas entrarán en vigor desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial, salvo que ellas determinen una fecha posterior, y regirán mientras no sean modificadas por el propio administrador federal o por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Podrá dictar normas obligatorias con relación a la inscripción de contribuyentes, responsables, agentes de retención y percepción y forma de documentar la deuda fiscal por parte de los contribuyentes y responsables; Inscripción de agentes de información y obligaciones a su cargo; Determinación de promedios, coeficientes y demás índices que sirvan de base para estimar de oficio la materia imponible, así como para determinar el valor de las transacciones de importación y exportación para la aplicación de impuestos interiores, cuando fuere necesario; Forma y plazo de presentación de declaraciones juradas y de formularios de liquidación administrativa de gravámenes; Modos, plazos y formas extrínsecas de su percepción, así como la de los pagos a cuenta, anticipos, accesorios y multas; Creación, actuación y supresión de agentes de retención, percepción e información; Libros, anotaciones y documentos que deberán llevar, efectuar y conservar los responsables y terceros, despachantes de Aduana, ATA, importadores, exportadores y demás administrados, más los plazos durante los cuales éstos deberán guardar en su poder dicha documentación y sus respectivos comprobantes; Deberes de los sujetos mencionados en el punto anterior ante los requerimientos tendientes a realizar una verificación, requerir información de la inversión, disposición o consumo de bienes efectuado en el año fiscal, cualquiera sea el origen de los fondos utilizados; Suspensión o modificación, fundada y con carácter general, de aquellos requisitos legales o reglamentarios de naturaleza meramente formal, siempre que no afectare el control aduanero, la aplicación de prohibiciones a la importación o a la exportación o el interés fiscal; Dictado de normas estableciendo requisitos con el objeto de determinar la lícita tenencia de mercadería de origen extranjero que se encontrare en plaza, a cuyo efecto podrán exigirse declaraciones juradas de existencia, estampillado, marcación de mercadería, contabilización en libros especiales o todo otro medio o sistema idóneo para tal fin; Cualquier otra medida que sea conveniente para facilitar la aplicación, percepción y fiscalización de los gravámenes y control del comercio exterior. Serán atribuciones del administrador federal, además de las previstas en los artículos anteriores: Dirigir la actividad del organismo mediante el ejercicio de todas las funciones, poderes y facultades que las leyes y otras disposiciones le encomienden a él o asignen a la AFIP, a los fines de aplicar, determinar, percibir, recaudar, exigir, ejecutar y devolver o reintegrar los tributos a cargo de la entidad mencionada; o resolver las dudas que a ellos se refieren. En especial, fijará las políticas, el planeamiento estratégico, los planes y programas y los criterios generales de conducción del organismo; ejercer las funciones de juez administrativo, en la determinación de oficio de la materia imponible y gravámenes correspondientes, en las repeticiones, en la aplicación de multas y resolución de los recursos de reconsideración; conceder esperas para el pago de los tributos y de sus correspondientes intereses de cualquier índole, en los casos autorizados por las normas legales; requerir directamente el auxilio inmediato de las fuerzas de seguridad y policiales para el cumplimiento de sus funciones y facultades, sin perjuicio del ejercicio de sus propias atribuciones; solicitar y prestar colaboración e informes, en forma directa, a administraciones aduaneras y tributarias extranjeras y a organismos internacionales competentes en la materia; realizar en el extranjero investigaciones destinadas a reunir elementos de juicio para prevenir, detectar, investigar, comprobar o reprimir los ilícitos tributarios, aduaneros y, en especial, el contrabando; para el cumplimiento de misiones que superen 365 días se requerirá autorización previa del Poder Ejecutivo nacional; proponer al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos las normas que complementen, modifiquen o reglamenten la legislación aduanera, impositiva y de los recursos de la Seguridad Social, y toda otra atribución necesaria para el cumplimiento de las funciones del organismo. Los recursos de la AFIP estarán conformados por los aportes provenientes del Tesoro nacional; los importes determinados de conformidad con la normativa vigente en materia de recursos propios; las sumas provenientes de las prestaciones a terceros y venta de publicaciones, formularios e instrucciones que realice el organismo; las comisiones que se perciban por remates de mercaderías; los importes que provengan de la venta de inmuebles a aplicarse exclusivamente a la compra o a la construcción de otros inmuebles; los importes que provengan de la venta de bienes muebles; y todo otro ingreso no contemplado en los incisos anteriores que establezca la Ley de Presupuesto de la Administración nacional. El director general de la DGA será el responsable de la aplicación de la legislación aduanera. Son atribuciones del director general de la DGA, ejercer todas las funciones, poderes y facultades que las leyes, reglamentos, resoluciones generales y otras disposiciones le encomienden, a los fines de determinar, percibir, recaudar, exigir, fiscalizar, ejecutar y devolver o reintegrar los tributos que gravan la importación y la exportación de mercaderías y otras operaciones regidas por leyes y normas aduaneras a cargo del organismo; interpretar las normas o resolver las dudas que a ellos se refieren; controlar el tráfico internacional de mercadería; aplicar y fiscalizar las prohibiciones a la importación y a la exportación le están o le fueren encomendadas; revisar las actuaciones y documentos aduaneros una vez concluida su tramitación ante las Aduanas, de conformidad con las disposiciones, formular rectificaciones y cargos, así como devolver o reintegrar cuando correspondiere; autorizar las operaciones y regímenes aduaneros relativos a los medios de transporte, así como las operaciones, destinaciones y regímenes a que puede someterse la mercadería; autorizar la verificación de la mercadería en los locales o depósitos de los importadores y exportadores, siempre que éstos reunieren las condiciones y ofrecieren las seguridades requeridas para el adecuado control de la operación y salvaguardia de la renta fiscal; ejercer las atribuciones jurisdiccionales que el Código Aduanero encomienda a la DGA; instruir los sumarios de prevención en las causas por delitos o infracciones aduaneras; requerir directamente el auxilio inmediato de las fuerzas de seguridad y policiales para el cumplimiento de sus funciones y facultades, sin perjuicio del ejercicio de sus propias atribuciones.; ejercer la superintendencia y dirección de las Aduanas y demás dependencias de su jurisdicción; Averiguar, investigar, analizar, peritar, extraer muestras pertinentes para el cumplimiento de su cometido, así como tomar, por sí o con la colaboración de personas u organismos públicos o privados, las medidas necesarias para determinar el tipo, clase, especie, naturaleza, pureza, calidad, cantidad, medida, origen, procedencia, valor, costo de producción, márgenes de beneficio, manipulación, transformación, transporte y comercialización de las mercaderías; llevar los registros y ejercer el gobierno de las matrículas de los despachantes de Aduana, ATA, apoderados generales y dependientes de unos y otros y de los importadores y exportadores y los registros de mercadería librada al consumo con liquidación provisoria, de mercadería librada al consumo con facilidades para el pago de tributos, de mercadería librada al consumo con franquicia condicionada, total o parcial, de prohibiciones a la importación o a la exportación o de tributos, de mercadería sometida a las diferentes destinaciones suspensivas, los que fueren necesarios para la valoración de la mercadería, de infractores a las disposiciones penales aduaneras, así como los que resultaren convenientes para prevenir y reprimir los delitos y las infracciones sancionadas por el Código Aduanero, los demás registros que estimare conveniente para el mejor cumplimiento de sus funciones; habilitar, con carácter precario o transitorio, lugares para la realización de operaciones aduaneras; ejercer el poder de policía aduanera y la fuerza pública a fin de prevenir y reprimir los delitos y las infracciones aduaneras y coordinar el ejercicio de tales funciones con los demás organismos de la Administración pública, y en especial los de seguridad de la Nación, provincias y Municipalidades, requiriendo su colaboración, así como también, en su caso, la de las Fuerzas Armadas; suspender o modificar, aquellos requisitos legales o reglamentarios de naturaleza meramente formal, siempre que no afectare el control aduanero, la aplicación de prohibiciones a la importación o a la exportación o el interés fiscal. Las suspensiones o modificaciones de carácter singular entrarán en vigencia desde su notificación al interesado. El director general de la DGI será el responsable de la aplicación de la legislación impositiva y de los recursos de la Seguridad Social. Son atribuciones del director general de la DGI, ejercer todas las funciones, poderes y facultades que las leyes, reglamentos, resoluciones generales y otras disposiciones le encomienden, a los fines de aplicar, determinar, percibir, recaudar, exigir, ejecutar y devolver o reintegrar los impuestos y gravámenes de jurisdicción nacional y los recursos de la Seguridad Social a cargo del organismo; interpretar las normas o resolver las dudas que a ellos se refieren. Instruir, cuando corresponda, los sumarios de prevención en las causas por delitos o infracciones impositivas o de los recursos de la Seguridad Social; Requerir directamente el auxilio inmediato de las fuerzas de seguridad y policiales para el cumplimiento de sus funciones y facultades, sin perjuicio del ejercicio de sus propias atribuciones. Los directores generales tendrán que establecer con carácter general los límites para disponer el archivo de los casos de fiscalización, determinación de oficio, liquidación de deudas en gestión administrativa o judicial, aplicación de sanciones u otros conceptos o procedimientos a cargo del organismo, que en razón de su bajo monto o incobrabilidad no impliquen créditos de cierta, oportuna y económica concreción. Deben representar a la AFIP ante los tribunales judiciales y administrativos en todos los asuntos de su competencia en los que sea parte el organismo o en los que se pudieren afectar sus intereses; Designar los funcionarios que ejercerán en juicio la representación de la AFIP, en causas que se sustancien ante cualquier fuero, incluso el criminal; Fijar el horario general y los horarios especiales en que desarrollará su actividad el organismo, de acuerdo con las necesidades del servicio, tomando en consideración las modalidades del tráfico internacional y los horarios de los organismos estatales que prestaren servicios vinculados con sus funciones. El administrador federal, los directores generales y los subdirectores generales no podrán ejercer otro cargo público excepto la docencia y regirán para ellos las incompatibilidades establecidas para el personal del organismo.
UNIDAD VII: Disposiciones Penales, delitos aduaneros, infracciones.
Se consideran delitos aduaneros los actos u omisiones que en este título se reprimen por transgredir las disposiciones de este código. El contrabando es cuando una persona por cualquier acto u omisión, impidiere o dificultase mediante ARDID o ENGAÑO, el ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones y las exportaciones. Será reprimido con prisión de 2 a 8 años el que: Importare o exportare mercadería en horas o por lugares no habilitados, al que la desviare de las rutas señaladas o de cualquier modo la sustrajere al control que correspondiere; Presentare ante el servicio aduanero una autorización especial, una licencia arancelaria o una certificación expedida contraviniendo las disposiciones legales y específicas que regularen su otorgamiento, destinada a obtener, respecto de la mercadería que se importare o se exportare, un tratamiento aduanero o fiscal más favorable al que correspondiere; Ocultare, disimulare, sustituyere o desviare, total o parcialmente, mercadería sometida o que debiere someterse a control aduanero, con motivo de su importación o de su exportación; Simulare ante el servicio aduanero, total o parcialmente, una operación o una destinación aduanera de importación o de exportación, con la finalidad de obtener un beneficio económico. Se impondrá prisión de 4 a 10 años cuando: Intervinieren en el hecho 3 o más personas en calidad de autor, instigador o cómplice; Interviniere en el hecho en calidad de autor, instigador o cómplice un funcionario o empleado público en ejercicio o en ocasión de sus funciones o con abuso de su cargo; Interviniere en el hecho en calidad de autor, instigador o cómplice un funcionario o empleado del servicio aduanero o un integrante de las fuerzas de seguridad a las que este Código les confiere la función de autoridad de prevención de los delitos aduaneros; Se cometiere mediante violencia física o moral en las personas, fuerza sobre las cosas o la comisión de otro delito o su tentativa; Se realizare empleando un medio de transporte aéreo, que se apartare de las rutas autorizadas o aterrizare en lugares clandestinos o no habilitados por el servicio aduanero para el tráfico de mercadería; Se cometiere mediante la presentación ante el servicio aduanero de documentos adulterados o falsos, necesarios para cumplimentar la operación aduanera; Se tratare de mercadería cuya importación o exportación estuviere sujeta a una prohibición absoluta; Se tratare de sustancias o elementos que por su naturaleza, cantidad o características, pudieren afectar la salud pública; El valor de la mercadería en plaza o la sumatoria del conjunto cuando formare parte de una cantidad mayor, sea equivalente a una suma igual o superior a $ 3000000. Se impondrá prisión de 3 a 12 años cuando se tratare de estupefacientes en cualquier etapa de su elaboración. Estas penas podrán ser aumentadas en un tercio del máximo y o reducidas en la mitad del mínimo, cuando se tratare de estupefacientes elaborados o semielaborados que por su cantidad estuviesen inequívocamente destinados a ser comercializados dentro o fuera del territorio nacional. Se impondrá prisión de 4 a 12 años cuando se tratare de elementos nucleares explosivos, agresivos químicos o materiales afines, armas, municiones o materiales que fueren considerados de Guerra o sustancias o elementos que por su naturaleza, cantidad o características pudieren afectar la seguridad común salvo que el hecho configure un delito al que correspondiere una pena mayor. Actos culposos, contrabando y uso indebido de documentos: Será reprimido con multa de $5000 a $ 50000 si: El funcionario o empleado aduanero que ejercitare indebidamente las funciones de verificación, valoración, clasificación, inspección o cualquier otra función fiscal o de control a su cargo, siempre que mediare negligencia manifiesta que hubiere posibilitado la comisión del contrabando o su tentativa; El funcionario o empleado administrativo que por ejercer indebidamente las funciones a su cargo, librare o posibilitare el libramiento de autorización especial, licencia arancelaria o certificación que fuere presentada ante el servicio aduanero destinada a obtener un tratamiento aduanero o fiscal más favorable al que le correspondiere, siempre que en el otorgamiento de tales documentos hubiere mediado grave inobservancia de las disposiciones legales específicas que lo regularen. Con la misma multa quien resultare responsable de la presentación ante el servicio aduanero de una autorización especial, licencia arancelaria o certificación que pudiere provocar un tratamiento aduanero o fiscal más favorable al que correspondiere o de algún documento adulterado o falso necesario para cumplimentar una operación aduanera, siempre que se tratare de un despachante de aduana, un ATA, un importador, un exportador o cualquier otro que por su calidad, actividad u oficio no pudiere desconocer tal circunstancia y no hubiere actuado dolosamente. Los importes previstos se actualizarán anualmente, en forma automática, al 31/10 de cada año y surtirá efectos a partir del 01/01 siguiente. Tentativa de contrabando: Incurre en tentativa de contrabando el que, con el fin de cometer el delito de contrabando, comienza su ejecución pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad. La tentativa de contrabando será reprimida con las mismas penas que corresponden al delito consumado. Se considera tentativa de contrabando la introducción a recintos sometidos a control aduanero de bultos que, individualmente o integrando una partida, contuvieren en su interior otro u otros bultos, con marcas, números o signos de identificación iguales o idóneos para producir confusión con el envase exterior u otros comprendidos en la misma partida. Encubrimiento de contrabando: Incurre en encubrimiento de contrabando el que, después de su ejecución ayudare a alguien a eludir las investigaciones que efectúe la autoridad o a sustraerse a la acción de la misma; omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo; procurare o ayudare a alguien a provocar la desaparición, ocultación o alteración de los rastros, pruebas o instrumentos del contrabando; adquiere, recibiere o interviniere de algún modo en la adquisición o recepción de cualquier mercadería que de acuerdo a las circunstancias debía presumir proveniente de contrabando. El encubrimiento de contrabando será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años. La pena privativa de libertad se elevara en un tercio cuando: el encubridor fuera un funcionario o empleado público o un integrante de las fuerzas Armadas o de seguridad; los actos mencionados constituyeren una actividad habitual. Estarán exentos de pena los que hubieren ejecutado un hecho a favor del cónyuge, de un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o el segundo de afinidad, de un amigo intimo o de una persona a la que debieren especial gratitud. Cuando se encubriere con la finalidad de obtener un beneficio económico o de asegurar el producto o el provecho del contrabando, no se aplicará la exención de pena prevista anteriormente. Penas: Además de las penas privativas de la libertad, se aplicará el comiso de la mercadería objeto del delito, cuando el titular o quien tuviere al disponibilidad jurídica de la mercadería no debiere responder por la sanción o la mercadería no pudiere aprehenderse, el comiso se sustituirá por una multa igual a su valor en plaza, que se impondrá en forma solidaria; El comiso del medio de transporte y de los demás instrumentos empleados para la comisión del delito, salvo que pertenecieren a una persona ajena al hecho y que las circunstancias del caso determinaren que no podía conocer tal empleo ilícito; una multa de 4 a 20 veces el valor en plaza de la mercadería objeto del delito, que se impondrá en forma solidaria; La pérdida de las concesiones, regímenes especiales, privilegios y prerrogativas de que gozaren; La inhabilitación especial de 6 meses a 5 años para el ejercicio del Comercio; La inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como funcionario o empleado aduanero, miembro de la policía auxiliar aduanera o de las fuerzas de seguridad, despachante de aduana, ATA o proveedor de a bordo de cualquier medio de transporte internacional y como apoderado o dependiente de cualquiera de éstos 3 últimos; La inhabilitación especial de 3 a 15 años para ejercer actividades de importación o exportación. Cuando una persona de existencia ideal fuere responsable del delito, la inhabilitación especial prevista en ellos se hará extensiva a sus directores, administradores y socios ilimitadamente responsables. No responderá quien acreditare haber sido ajeno al acto o haberse opuesto a su realización; La inhabilitación absoluta por doble tiempo que el de la condena para desempeñarse como funcionario o empleado público; El retiro de la personería jurídica y, en su caso, la cancelación de la inscripción en el Registro público de Comercio, cuando se tratare de personas de existencia ideal. Para determinarse el valor de la mercadería y aplicar la pena, basa en la fecha de comisión del delito o su constatación (se entiende siempre por valor en plaza: el valor en aduana, más los gastos de Despacho y lo tributos que gravaren la importación, si el delito se hubiere cometido en relación con una importación; y el valor imponible más los tributos interiores que no fueren aplicables si fuera una exportación); El valor en plaza de la mercadería que debiere tomarse en consideración a los efectos de la aplicación de penas será fijado por el servicio aduanero. Cuando no fuere posible aprehender la mercadería objeto del delito y su valor no pudiere determinarse por otros medios, se considerará que la misma tiene los siguientes valores: $ 500 por cada caja o bulto; $ 500 por tonelada o fracción de tonelada, cuando se tratare de mercaderías a granel; $ 5000 por cada contenedor de 20 pies y $ 10000 por cada contenedor de 40 pies, respecto de la mercadería en él contenida. En caso de igualdad de tributos de varias categorías posibles, se tomaría aquella cuyo número de orden en el arancel fuere mayor. Vencido el plazo de 15 días, contando desde que quedare firme la sentencia o resolución que impusiere pena de multa sin que su importe hubiere sido pagado, el condenado debe pagar juntamente con el mismo un interés sobre la cantidad no ingresada en dicho plazo, incluida en su caso la actualización respectiva, cuya tasa será la que fijare la Secretaría de estado de hacienda. Los intereses previstos se devengaran hasta el momento del pago o de la interposición de demanda de ejecución fiscal. En el supuesto de interponerse demanda de ejecución fiscal, la multa adeudada, actualizada en su caso, y los intereses devengados hasta ese momento devengaran, a su vez, un interés punitorio cuya tasa será la que fijare la Secretaría de estado de hacienda. El importe de las multas aduaneras así como el producido de la venta de la mercadería comisada ingresara a rentas generales, previa deducción de los honorarios regulados judicialmente a favor de los profesionales fiscales y de los servicios de almacenaje. Responsabilidad: Se aplicarán las penas previstas para el autor del delito de contrabando, de su tentativa o de su encubrimiento, según el caso, a quien hubiere determinado directamente a otro a cometerlo o al que tomare parte en la ejercicio del hecho o prestare al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse. El que cooperare de cualquier otro modo de la ejecución del hecho y el que prestare una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores al mismo, serán reprimidos con la pena correspondiente al delito, disminuida de un tercio de la mitad. Las personas reales o ideales son responsables en forma solidaria con sus dependientes por las penas pecuniarias que correspondieren a estos por los delitos aduaneros que cometieren en ejercicio o con ocasiones de sus funciones. Cuando 1 persona de existencia ideal fuere condenada por algún delito aduanero e intimada al pago de las penas que se le hubieren impuesto no fuera satisfecho su importe, sus directores, administradores y socios limitadamente responsables responderán patrimonialmente y en forma solidaria con aquella por el pago del importe de dichas penas, salvo que probaren que a la fecha de la comisión del hecho no desempeñaban dichas funciones o no revestían tal condición. Cuando una persona que gozare de inmunidad de jurisdicción penal en razón de su función diplomática o consular cometiere un delito aduanero y no mediare renuncia hábil a dicha inmunidad por parte del estado que lo acredita, el hecho se considerara exclusivamente a su respecto infracción aduanera. Extinción de acciones y penas: La extinción de las acciones para imponer y para hacer efectivas las penas por los delitos aduaneros, se rige por las disposiciones del código penal. La prescripción de la pena de multa impuesta por los delitos aduaneros se suspende durante la sustanciación de la ejecución judicial y se interrumpe por los actos de ejecución en sede administrativa o judicial tendientes a obtener su cumplimiento. Infracciones aduaneras: El término infracción se equipara al de contravención. Se consideran infracciones aduaneras los hechos, actos u omisiones que este título reprime por transgredir las disposiciones, de la legislación aduanera. Las disposiciones generales de este título también se aplicaran a los supuestos que este código reprime con multas automática. Disposiciones generales: La infracción debe estar prevista como tal en este código. No cabe la incriminación por analogía. La norma específica desplaza la genérica. Nadie puede ser condenado sino una sola vez por un mismo hecho previsto como infracción. En caso de duda deberá estarse a lo que fuere más favorable al imputado. Si la norma penal vigente al tiempo de cometerse la infracción fuere distinta de las que estuviere vigente al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará la que resultare más benigna al imputado. No surtirá ese efecto la que modificare el tratamiento aduanero o fiscal de la mercadería. Para establecer cual es la norma penal mas benigna se debe comparar la totalidad del contenido de las normas penales de las leyes cuya aplicación correspondiere. Los efectos de la norma penal más favorable se operaran de pleno derecho, pero no alcanzarán aquellos supuestos en que la resolución condenatoria se encontrare firme, aún cuando no se hubiere cumplido la pena. Responsabilidad: No se aplicará sanción a quien hubiere cumplido con todos los deberes inherentes al régimen, operación, destinación o a cualquier otro acto o situación en que interviniere o se encontrare, salvo los supuestos de responsabilidad por hecho de otro previstos en este código. La ignorancia o el error de hecho o de derecho no constituyen eximentes de sanción, salvo las excepciones expresamente previstas en este código. Las personas reales o ideales son responsables en forma solidaria con sus dependientes por las infracciones aduaneras que estos cometieren en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Cuando 1 persona de ideal fuere condenada por alguna infracción e intimada al pago de las penas, sus directores, administradores y socios ilimitadamente responsables responderán solidariamente con aquélla por el pago del importe de dichas penas, salvo que probaren que a la fecha de la comisión del hecho no desempeñaban dichas funciones o no revestían tal condición. Cuando un menor que no hubiere cumplido 14 años de edad cometiere una infracción aduanera no será personalmente responsable, y lo hará aquel a cuyo cuidado se encontrare el menor al momento de cometerse la infracción. Cuando un menor que fuere mayor de 14 y no hubiere cumplido 18 años de edad cometiere una infracción aduanera responderá solidariamente con aquella cuyo cuidado se encontrare al momento de cometerse la infracción, sin perjuicio del derecho de éste último a repetir del menor importe pagado. El importador o el exportador son responsables por toda infracción aduanera que el despachante de aduana, sus apoderados o dependientes cometieren en ejercicio o con ocasión de sus funciones, en forma solidaria con estos. El despachante de aduana que cometiere una infracción aduanera en ejercicio de las funciones es responsable de las sanciones correspondientes, salvo que probare haber cumplido con las obligaciones a su cargo. En éste último supuesto, la persona representada será responsable por la infracción aduanera cometida. En toda infracción aduanera cometida por el transportista o por las personas por las cuales debiere responder el mismo, el servicio aduanero podrá dirigir la acción respectiva contra el ATA que lo representare. Salvo el Estado Nacional, las provincias, las municipalidades y sus respectivas reparticiones centralizadas, las entidades estatales, cualquiera fuere la forma jurídica que adoptaren no gozan de inmunidad alguna en materia de responsabilidad por infracciones aduaneras. Concurso: Cuando un mismo hecho constituyere más de una infracción aduanera, se acumularán las penas correspondientes. La suma de éstas penas no podrá exceder el máximo de la mayor de la especie de pena de que se tratare. Cuando concurrieren varios hechos independientes, constitutivos de 2 o más infracciones aduaneras, se impondrán las penas correspondientes a todas las figuras involucradas, salvo disposición especial en contrario. Cuando un mismo hecho configurare simultáneamente una infracción aduanera y un delito, se impondrán las penas para el delito. Cuando concurrieren varios hechos que configuraren independientemente una infracción aduanera y un delito, se impondrán separadamente las previstas para cada uno de ellos. Penas: Las penas serán graduadas en casa caso según las circunstancias, la naturaleza y la gravedad de las infracciones y los antecedentes del infractor. Reincidencia: Será considerado reincidente, el que habiendo sido condenado por resolución firme por una infracción o un delito aduaneros cometiere una nueva infracción aduanera. La condena anterior no se tendrá en cuenta como reincidente cuando: se tratare de una infracción aduanera y hubieren transcurrido 5 años a partir de la fecha en que quedare firme la resolución definitiva que impuso aquella; se tratare de un delito aduanero y hubiere transcurrido otro plazo igual al de la condena. Este plazo no podrá exceder de 10 años ni ser inferior a 5. Extinción de acciones y penas: La acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se extingue por: amnistía; muerte del imputado o prescripción. La acción penal en las infracciones aduaneras reprimidas únicamente con pena de multa también se extingue por el pago voluntario del mínimo de la multa que pudiere corresponder. En los supuestos en que las infracciones aduaneras, fueren reprimidas con pena de multa y comiso, la acción penal también se extingue por el pago voluntario del mínimo de la multa que pudiere corresponder por el hecho de que se tratare y por el abandono a favor del estado de la mercadería en cuestión, con la entrega de esta en zona primaria aduanera. Si procediere la sustitución del comiso por multa, la acción se extingue por el pago voluntario del importe del valor en plaza de la mercadería en cuestión. El régimen de extinción de la acción penal no será aplicable a infracción de contrabando menor. La acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años. La prescripción de la acción comienza a correr el 01/01 del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, en la de su constatación. La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se suspende desde la interposición del recurso de apelación ante el tribunal fiscal o la demanda contenciosa en sede judicial deducidos contra la resolución aduanera condenatoria, hasta que recayere decisión firme en la causa. La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras e interrumpe por: el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario; la comisión de otra infracción aduanera; la comisión de un delito aduanero; el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera. Para que la comisión de otra infracción o de un delito aduanero interrumpa debe mediar, resolución o sentencia condenatoria firme. Cuando sugiere la existencia de una infracción o de un delito aduanero, que se hubiere cometido con posterioridad a la infracción investigada y no mediare a su respecto resolución o sentencia firme, la prescripción no podrá resolverse y su término se suspenderá hasta tanto no se dictare aquélla. La acción para hacer efectivas las penas por infracciones aduaneras se extingue por: amnistía; indulto; prescripción; muerte del condenado. La acción para hace efectivas las penas por infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años. La prescripción comenzara a correr el 01/01 del año siguiente al de la fecha en que quedare firme la condena. La prescripción de la acción para hace efectivas las penas se interrumpe por: la comisión de una nueva infracción o de un delito aduanero; los actos de ejecución en sede administrativa tendientes a hacerlas efectivas; la iniciación de la acción judicial promovida para hacerlas efectivas. Para que la comisión de otra infracción o de un delito aduanero se interrumpa debe mediar resolución o sentencia condenatoria firme. Cuando surgiere la existencia de una infracción o de un delito aduanero, que se hubieren cometido con posterioridad a la imposición de la pena de cuya ejecución se tratare y no mediare a su respecto resolución o sentencia firme, la prescripción no podrá resolverse y su término se suspenderá hasta tanto no se dictare aquélla. Si la acción judicial promovida o substanciada para hacer efectivas las penas por infracciones aduaneras se desistiere o, se declarare la caducidad de la instancia, la misma no tendrá efectos suspensivos ni de interrupción de la prescripción. La prescripción de las acciones para imponer y hacer efectivas las penas por infracciones aduaneras corre, se suspende y se interrumpe separadamente para cada uno de los imputados o responsables. Contrabando menor: Cuando el valor en plaza de la mercadería objeto de contrabando o su tentativa, fuere menor de $ 100000, el hecho se considerará infracción aduanera de contrabando menor y se aplicará exclusivamente una multa de 2 a 10 veces el valor en plaza de la mercadería y el comiso de ésta. Cuando se trate de tabaco o sus derivados el hecho se considerará infracción aduanera de contrabando menor cuando el valor en plaza de la mercadería objeto de contrabando o su tentativa, fuere menor de $ 30000, el servicio aduanero procederá a su decomiso y destrucción. Cuando no se aprehendiere la mercadería el comiso se sustituirá por una multa igual a su valor en plaza. No obstante, el valor en plaza de la mercadería objeto de contrabando o su tentativa fuere menor de $ 100000 o de $ 30000 en el supuesto que se trate de tabaco o sus derivados, el hecho constituirá delito y no infracción de contrabando menor, en cualquiera de los siguientes supuestos: Cuando la mercadería formare parte de una cantidad mayor, si el conjunto superare ese valor; Cuando el imputado hubiera sido condenado por sentencia firme por cualquiera de los delitos previstos anteriormente o por la infracción de contrabando menor. Las penas para el autor del contrabando menor también se aplicaran a quien hubiere determinado directamente a otro a cometerlo, al que cooperare de cualquier modo a su ejecución o al que prestare ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores a la comisión de la infracción. En la infracción de contrabando menor el sumario será instruido y resuelto por la autoridad aduanera. A los fines de considerar al hecho como infracción o delito, en todos los casos, el valor en plaza de la mercadería será el que fije la autoridad aduanera con relación al momento de la constatación del ilícito. El límite monetario se actualizará anualmente en forma automática al 31/10 de cada año, por el INDEC y surtirá efectos a partir del 01/01 del año siguiente. Declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas: El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: Un perjuicio fiscal; Una trasgresión a una prohibición a la importación o a la exportación; El ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de 1 a 5 veces el importe de la diferencia. Si el hecho encuadrare simultáneamente en más de uno de los supuestos, se aplicará la pena mayor. En el supuesto de mercadería faltante, cuando no pudiere determinarse si la diferencia produjo o hubiere podido producir alguna de las consecuencias indicadas precedentemente, se impondrá una multa de $ 500 por bulto faltante o si se tratare de mercadería a granel por tonelada faltante o fracción de ella. A los fines de la aplicación de lo dispuesto: Las declaraciones relativas a operaciones o destinaciones de importación se consideran como si fueran de importación para consumo y las relativas a operaciones o destinaciones de exportación como si fuera de exportación para consumo, con excepción de la declaración relativa a la operación de reembarco que se considera como de importación para consumo. En éste último supuesto, si de la comprobación resultare menor cantidad de mercadería que la declarada en la solicitud de reembargo, se considerara como si hubiera resultado mayor cantidad que la declara; Se entiende por perjuicio fiscal la falta de ingreso al servicio aduanero del importe que correspondiere por tributos cuya percepción le estuviere encomendada, el ingreso de un importe menor al que correspondiere por tal concepto o el pago por el fisco de un importe que no correspondiere por estímulos a la exportación; La presentación del manifiesto general de la carga, del rancho, de la pacotilla y de la relación de la carga equivale a efectuar una declaración relativa a lo expresado en los mismos. Salvo disposición especial en contrario, en los supuestos en que este código hubiere previsto la dispensa del pago de tributos por las causales de siniestro, caso fortuito, fuerza mayor o en el supuesto de rectificación de declaración debidamente justificada, las diferencias que fueren consecuencia directa de dichas causales no serán tomadas en consideración a los efectos punibles. En cualquiera de las operaciones o de las destinaciones de importación o de exportación, no será sancionado el que hubiere presentado una declaración inexacta siempre que mediare alguno de los siguientes supuestos: la inexactitud fuere comprobable de la simple lectura de la propia declaración o la circunstancia o el elemento en el cual ella recayera; La diferencia resultante de la inexactitud únicamente causare o pudiere causar un perjuicio fiscal y su importe fuere menor de $ 377648 en caso de que la diferencia causare o pudiere causar además alguna de las consecuencias previstas, la pena contemplada aplicable no se exime. El mencionado importe se actualizara anualmente en forma automática al 31/10 de cada año por el INDEC y surtirá efectos a partir del primero de enero siguiente; La diferencia de cantidad de mercadería de una misma posición arancelaria no excediere del 2% sobre la unidad de medida que correspondiere a la misma. La reglamentación podrá aumentar este porcentaje hasta un 6%, en atención a la naturaleza de la mercadería de que se tratare. Esta eximición no alcanza a las sanciones que pudieren corresponder por otras diferencias. Cuando en cualquier destinación de importación o de exportación se declarare una mercadería en forma supeditada, la eventual declaración inexacta efectuada en la declaración supeditada no será punible. La norma dictada con posterioridad a la configuración de la infracción que modificare el tratamiento aduanero o fiscal de la mercadería no surtirá efectos como norma penal más benigna a los fines de la aplicación de las sanciones contempladas en este capítulo. Mercadería a bordo sin declarar: Cuando en un medio de transporte se hallare mercadería oculta o en lugares de acceso reservado a tripulación o en poder de algún tripulante, que no hubiere sido declarada ante el servicio aduanero, corresponderá el comiso de la mercadería en infracción y se aplicará al transportista una multa igual a su valor en plaza. Si la importación o la exportación de la mercadería en infracción, estuviere sujeto a una prohibición, la multa podrá elevarse hasta 2 veces su valor en plaza. Trasgresión obligación impuesta como condición beneficio: El que no cumpliere con la obligación que hubiera condicionado el otorgamiento de: Una excepción a una prohibición a al importación para consumo o a la exportación para consumo, será sancionado con el comiso de la mercadería en infracción; Una exención total o parcial de tributos que gravaren la importación para consumo o la exportación para consumo, será sancionado con una multa de 1 a 5 veces el importe actualizado de los tributos dispensado; Un estimulo a la exportación para consumo, será sancionado con una multa de 1 a 5 veces el importe actualizado del estimulo acordado. Todo el que por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mercadería importada para consumo en excepción a una prohibición o con exención total o parcial de tributos respecto de la cual no se hubiere cumplido la obligación que hubiera condicionado el otorgamiento del beneficio, será sancionado en forma solidaria con el autor de la trasgresión, según correspondiere, con las penas allí establecidas. La actualización se efectuara desde el momento en que se hubiere librado la mercadería o se hubiere percibido el importe correspondiente al estimulo a la exportación, según el caso, hasta el momento de la Comisión de la infracción, o en caso de no poder precisárselo, en el de su constatación Cuando el incumplimiento de la obligación que hubiere condicionado el beneficio no afectare la finalidad que motivara su otorgamiento: a) será sancionado con una multa de 1% al 10% del valor en aduana de la mercadería en infracción; b) El que tuviere en su poder la mercadería en las condiciones, no será sancionado. Cuando el exportado que hubiere optado por el régimen previsto no cumpliere con la exportación en los plazos, forma y condiciones contempladas sin mediar las causales previstas será sancionado con una multa del 10% al 20% del valor en aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada. Transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva: El que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria o del de exportación temporaria, según el caso, será sancionado con una multa de 1 a 5 veces el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo o la exportación para consumo según el caso, de la mercadería en infracción, multa que no podrá ser inferior al 30% de valor en aduana de la mercadería, aun cuando ésta no estuviere gravada. Si la importación para consumo o la exportación para consumo, la mercadería en infracción esté prohibida, se aplicara además su comiso. Todo el que por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mercadería importada temporalmente a cuyo respecto no se hubiere cumplido la obligación asumida como consecuencia del otorgamiento del régimen, será sancionado en forma solidaria con el autor de la trasgresión con las penas allí establecidas para cada caso. Cuando el incumplimiento de la obligación no afectare la finalidad que motivara el otorgamiento de la importación temporaria o de la exportación temporaria, según el caso: a) El responsable de las transgresiones será sancionado con una multa del 1% al 10% del valor en aduana de la mercadería en infracción; b) El que tuviere en su poder la mercadería, en las condiciones previstas en el art. 971, no será sancionado. Se considera que el incumplimiento de la obligación de reexportar o de reimportar dentro del plazo acordado afecta la finalidad tenida en cuenta para el otorgamiento del régimen respectivo, no se aplica lo previsto anteriormente. Transcurrido el plazo de 1 mes contado a partir del vencimiento del que hubiere sido acordado para el cumplimiento del transporte efectuado bajo el régimen de tránsito de importación o el de removido, sin que el medio de transporte que traslada la mercadería arribare a la Aduana de salida o de destino, según correspondiere, el transportista será sancionado: a) Cuando se tratare de tránsito de importación, con una multa de 1 a 5 veces el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo. Esta multa no podrá ser inferior al 30% del valor en aduana de la mercadería, aun cuando ésta no estuviere gravada. Si la importación para consumo se encontrare prohibida se aplicara además el comiso de la mercadería en infracción; b) Cuando se tratare de removido, con una multa de 1 a 5 veces el importe de los tributos que gravaren la exportación para consumo. Esta multa no podrá ser inferior al 30 % del valor en aduana de la mercadería, aun cuando ésta no estuviere gravada. Si la exportación para consumo se encontrare prohibida se aplicara el comiso de la mercadería en infracción. El importador o el exportador, según correspondiere, responderán solidariamente por las sanciones. La norma dictada con posterioridad a la configuración de la infracción que modificare al tratamiento aduanero o fiscal de la mercadería no surtirá efectos como norma penal más benigna a los fines de la aplicación de las sanciones contempladas en este capítulo. Transgresiones a equipaje, pacotilla y franquicias diplomáticas: El viajero de cualquier categoría, el tripulante o cualquier persona que introdujere o pretendiere introducir al territorio aduanero por vía de equipaje o de pacotilla, según el caso, mercadería que no fuere de la admitida en tal carácter por las respectivas reglamentaciones será sancionado con una multa de 1 a 3 veces el valor en aduana de la mercadería en infracción. Si la importación para consumo de la mercadería en infracción estuviere prohibida se aplicara además su comiso. El viajero de cualquier categoría, el tripulante o cualquier persona que introdujere o pretendiere introducir al territorio aduanero como equipaje o como pacotilla, según el caso, mercadería cuya introducción en tal carácter fuere admitida en las respectivas reglamentaciones pero omitiere su declaración aduanera cuando ésta fuere exigible o incurriere en falsedad en su declaración, sea sancionado con una multa de la mitad a 2 veces el valor en aduana de la mercadería en infracción. Esta multa nunca podrá ser inferior al importe de los tribunales que gravaren la importación para consumo de la mercadería de que se tratare. El viajero de cualquier categoría, el tripulante o cualquier persona que extrajere o pretendiere extraer del territorio aduanero por vía de equipaje o de pacotilla, según el caso, mercadería que no fuere de la admitida en tal carácter por las respectivas reglamentaciones, será sancionado con una multa de 1 a 3 veces el valor en aduanero de la mercadería en infracción. Si la exportación para consumo de la mercadería en infracción estuviere prohibida se aplicará además su comiso. Lo dispuesto anteriormente, será también aplicable a la importación y a la exportación, según el caso, de mercadería bajo el régimen de franquicias diplomáticas cuando la misma no estuviere amparada por tal régimen. El que transfiere la propiedad, posesión o tenencia de mercadería, que hubiere sido importada bajo los regímenes de equipaje o pacotilla o franquicias diplomáticas en trasgresión a lo previsto en los mismos, será sancionado con una multa de 1 a 3 veces el valor en aduana de la mercadería en infracción. Todo el que por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mercadería importada bajo los regímenes de equipaje, pacotilla o franquicias diplomáticas cuya propiedad, posesión o tenencia hubiera sido transferida en trasgresión a lo previsto en dichos regímenes, será sancionado, en forma solidaria con el autor de la trasgresión, con la pena allí establecida. Si la mercadería de que se tratare constituyere un automotor, el tenedor será sancionado en forma solidaria con el autor de la trasgresión aun cuando no la tuviere con fines comerciales o industriales. Trasgresiones al régimen de envíos postales: El que se presentare al servicio aduanero o al de correos para tomar intervención en la verificación y despacho de una mercadería recibida en carácter de envío postal, será sancionado con el comiso de la mercadería en infracción cuando de la verificación efectuada con su previa conformidad resultare que la mercadería: a) Fuere de aquélla que debe llevar a etiqueta verde u otro medio de identificación que indicare la necesidad de control aduanero y no tuviere tal identificación; b) No fuere de la admitida en carácter de envío postal. El comiso podrá ser reemplazado a pedido del interesado por una multa al valor en plaza de la mercadería, salvo que se tratare de mercadería cuya importación estuviere prohibida. Tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero: El que por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mercadería de origen extranjero, sujeta al pago de impuestos internos, que no presentare aplicado el respectivo instrumento fiscal, conforme lo exigieren las disposiciones en vigencia, será sancionado con el comiso de la mercadería de que se tratare y con una multa de 1 a 5 veces su valor en plaza. El que por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mercadería de origen extranjero, que no presentare debidamente aplicados los medios de identificación que para ella hubiere establecido la DGA, será sancionado con el comiso de la mercadería de que se tratare y con una multa de 1 a 5 veces su valor en plaza. El que por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mercadería de origen extranjero y no probare, ante el requerimiento del servicio aduanero, que aquella fue librada lícitamente a plaza, será sancionado con el comiso de la mercadería de que se tratare y con una multa de 1 a 5 veces su valor en plaza. A los efectos de la comprobación de la legítima introducción a que se refiere este artículo, sólo se admitirá la documentación aduanera habilitada de la respectiva importación. Además podrá disponer con carácter de pena la clausura del local o comercio donde la mercadería se encontrare y sus dependencias anexas o depósitos por un plazo de hasta 1 año sin perjuicio del derecho que pudiere asistir a terceros. En caso de segunda reincidencia la clausura se dispondrá por el plazo mínimo de 6 meses hasta un máximo de 2 años, sin perjuicio del derecho que pudiere asistir a terceros, y además la inhibición para ejercer el comercio por igual tiempo. Comprobada PRIMA FACIE la infracción, la primera autoridad que interviniere dispondrá, desde ese momento, el secuestro de la mercadería en infracción y su remisión inmediata a la autoridad aduanera pertinente o su depósito en los lugares señalados por ésta, así como la clausura provisional del correspondiente local o comercio y sus anexos. La clausura provisional no se llevara a cabo siempre que el interesado en el mismo acto ofreciere bienes a embargo suficientes para cubrir el máximo de la pena, según correspondiere, en cuyo caso la autoridad que interviene lo constituirá en depositario de los bienes embargados. La clausura provisional podrá levantarse por: a) El otorgamiento de garantía suficiente para cubrir las eventuales multas que pudieren resultar aplicables; b) El transcurso del plazo máximo de la pena de clausura que pudiere corresponder; c) El pago de las multas impuestas; D) la desestimación de la denuncia, el sobreseimiento o la absolución. El período cumplido de clausura provisional se computara para reducir el plazo de la clausura que se impusiere como sanción. El que hubiere transferido por cualquier título, con fines comerciales o industriales, mercadería de origen extranjero que no presentare aplicado el respectivo instrumento fiscal, que no llevare los medios de identificación en la forma prevista en las reglamentaciones pertinentes o que efectuare dicha transmisión sin cumplir los requisitos que se hubieren establecido al efecto, será sancionado con una multa de 1 a 5 veces al valor en plaza de la mercadería en infracción. Esta sanción es independiente de las que correspondieren aplicar al tenedor de la mercadería en infracción. Toda trasgresión a las normas reglamentarias del régimen a que se refiere, siempre que no constituyere un hecho más severamente penado, será sancionada con una multa de $ 500 a $ 10000. Los importes previstos se actualizaran anualmente en forma automática, al 31/10 de cada año por el INDEC. Esta actualización surtirá efectos a partir del 01/01 siguiente. Otras transgresiones: Sin perjuicio de la aplicación de las medidas disciplinarias que pudieren corresponder, será sancionado con una multa de $ 500 a $ 10000 el que: Suministrare informes inexactos o falsos al servicio aduanero; Se negare a suministrar los informes o documentos que le requiriere el servicio aduanero; Impidiere o entorpeciere la acción del servicio aduanero. El que trasgrediere los deberes impuestos en este Código o en la reglamentación que en su consecuencia se dictare, será sancionado con una multa de $ 1000 a $ 10000 cuando el hecho no tuviere prevista una sanción específica en este Código y produjere o hubiere podido producir un perjuicio fiscal o afectare o hubiere podido afectar el control aduanero. Los importes previstos en las escalas penales se actualizaran anualmente, en forma automática, al 31/10 de cada año, por el INDEC. Esta actualización surtirá efectos a partir del 01/01 siguiente.
Unidad VIII: Procedimientos.
Disposiciones comunes a todos los procedimientos: Toda persona que compareciere ante el servicio aduanero deberá, en su primera presentación, constituir domicilio dentro del radio urbano en que la oficina aduanera respectiva tuviere su asiento. Siempre que estuviere ubicado dentro del radio urbano de la oficina aduanera en que tramitare la actuación, el domicilio registrado en dicha oficina será considerado como constituido mientras el interesado no constituyere otro en la actuación mencionada. Siempre que el interesado no hubiere constituido domicilio, el registrado ante el servicio aduanero, que estuviere ubicado fuera del radio urbano de la oficina aduanera en que tramitare la actuación, será considerado como domicilio constituido al solo efecto de practicar la primera notificación en ella se le advertirá que debe constituir domicilio en la forma prescripta dentro del plazo de 10 días, bajo apercibimiento. Cuando debidamente notificado el interesado no constituyere o no tuviere registrado domicilio en el radio urbano de la oficina aduanera respectiva, se considerará que ha constituido domicilio, a los efectos de la actuación de que se tratare en la oficina aduanera en que tramitare la misma, en donde quedaran notificadas de pleno derecho todas las providencias o resoluciones que se dictaren. Si el domicilio constituido resultare no existir o desapareciere, se alterare o suprimiere su numeración y no se hubiere constituido un nuevo domicilio en la forma prevista, se lo considerara automáticamente constituido en la oficina aduanera en que tramitare la actuación, en donde quedaran notificadas de pleno derecho todas las providencias o resoluciones que se dictaren. En las actuaciones en sede aduanero los plazos son perentorios. Salvo disposiciones en contrario, se computan por días hábiles administrativos los plazos que no excedieren de 30 días y cualquiera fuere su extensión, los de carácter procesal. Cuando un plazo venciere en día inhábil administrativo, se reputara que vence el primer día hábil inmediato siguiente. Las presentaciones no efectuadas en el horario hábil administrativo del día en que venciere el plazo se podrán efectuar válidamente dentro de las 2 primeras horas hábiles administrativas del día siguiente al de vencimiento. Las actuaciones y diligencias del procedimiento en sede aduanera deberán practicarse en días y horas hábiles administrativos. Cuando lo considerare necesario el servicio aduanero podrá habilitar días y horas para cumplir alguna actuación o diligencia determinada. Sin perjuicio de los actos cuya notificación estuviere expresamente prevista en los procedimientos regulados en este código, deberán ser notificados; a) Los actos administrativos de alcance individual que tuvieren carácter definitivo y los que sin serlo, obstaren a la prosecución de los trámites; b) Los que resolvieren un incidente planteado o que en alguna medida, afectaren derechos subjetivos o intereses legítimos; c) Los que ordenaren emplazamientos, intimaciones, citaciones, vistas o traslados; D) Los demás que la autoridad dispusiere. Los actos enumerados anteriormente más aquellos cuya notificación se dispusiere en los procedimientos regulados en ese código, deberán ser notificados por alguno de los siguientes medios: a) En forma personal, dejándose constancia en las actuaciones mediante acta firmada por el interesado, en la cual se indicaran sus datos de identidad; b) Por presentación espontánea del interesado de la que resultare su conocimiento del acto respectivo; c) Por cédula, que se diligenciara en la forma prevista; D) Por telegrama colacionado o bien copiado o certificado con aviso de entrega; e) Por oficio despacho como certificado expreso con aviso de recepción. En este caso, el oficio y los documentos anexos deberán exhibirse antes del despacho en sobre abierto al agente postal habilitado, quien lo sellara juntamente con las copias que se agregaran a la actuación; f) Por otro medio postal que permitiere acreditar la recepción de la comunicación del acto de que se tratare; g) En forma automática, los días martes y viernes, o el día siguiente hábil si alguno de ellos fuere feriado, para aquellos cuyo domicilio hubiere quedado constituido en una oficina aduanera a tales efectos, el servicio aduanero facilitara la concurrencia de los interesados a dicha oficina así como la exhibición de las actuaciones de que se tratare en los días indicados; h) Por edicto a publicarse por 1 día en el Boletín oficial, cuando se tratare de personas inciertas o cuyo domicilio se ignorare; I) Por aviso a publicarse por 1 día en el boletín de la repartición aduanera cuando se tratare de notificar a los administrados que se encuentran a su disposición los importes que les correspondieren percibir en concepto de estímulos a la exportación. Si la notificación se hiciere por cédula en el domicilio, el funcionario o empleado encargado de practicarla dejara al interesado copia de la cédula haciendo constar, con su firma, el día y la hora de la entrega. El original se agregara al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la diligencia suscripta por el que notifica y el interesado, salvo que este se negare o no pudiere firmar, de lo cual se dejara constancia. Cuando el que notifica no encontrare a la persona a quien debiere notificar entregara cédula a otra persona de la casa, departamento u oficina o el encargado del edificio y procederá en la forma dispuesta si no pudiere entregarla, la fijara en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares. Los informes periciales se encomendaran a funcionarios u organismos oficiales. Cuando no existieren funcionarios u organismos oficiales especializados en las cuestiones respecto de las cuales se requiere dictamen, la designación de perito se sujetara a lo siguiente: a) Si la profesión estuviere reglamentada, los peritos deberán poseer título que lo habilite en la ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada a que pertenezcan las cuestiones acerca de las cuales deberán expedirse; b) Si la profesión no estuviere reglamentada o cuando no hubiere peritos en el lugar en que se substanciaren las actuaciones, podrá ser nombrada cualquier persona idónea, aun cuando careciere de título. Las disposiciones de la ley Nacional de procedimientos administrativos se aplicaran supletoriamente en los procedimientos que se cumplieren ante el servicio aduanero; cuando se tratare de los procedimientos por infracciones y por delitos aduaneros se aplicaran supletoriamente las disposiciones del código de procedimientos en lo criminal para la justicia Federal y los tribunales de la capital y territorios nacionales, las que prevalecerán sobre las indicadas en el apartado anterior. Jurisdicción y competencia: En los procedimientos por infracciones, de impugnación y de ejecución en sede administrativa, corresponderá conocer y decidir en forma originaria al administrador de la Aduana en cuya jurisdicción se hubieren producido los hechos. Cuando se tratare de liquidaciones suplementarias de tributos, también corresponderá conocer y decidir en forma originaria al jefe de la dependencia de la DGA encargada de la revisión de los documentos aduaneros cancelados. Cuando el acto impugnado proviniere de la DGA, corresponderá al administrador nacional conocer y decidir en forma originaria en el procedimiento de impugnación. En el procedimiento de repetición corresponderá conocer y decidir en forma originaria al administrador Nacional de aduanas. Las competencias atribuidas en este título no obstan al ejercicio de la facultad de avocación conferida al administrador Nacional de aduanas. Las cuestiones de competencia que se suscitan entre las aduanas serán resueltas por el administrador Nacional de aduanas, cuya decisión será inapelable. El vocablo administrador comprende al funcionario que resultare competente para resolver en sede aduanera en el procedimiento de que se tratare o a quien lo sustituyere por ausencia o impedimento conforme a las normas en vigor. Corresponderá conocer y decidir en forma originaria en el procedimiento de ejecución en sede judicial y en las demandas contenciosas que se interpusieren contra las resoluciones definitivas dictadas por el administrador en los procedimientos de repetición y para las infracciones, así como en el supuesto de retardo por no dictarse resolución en estos 2 últimos procedimientos dentro de los plazos señalados al efecto en este Código, en la CAP FED a los jueces nacionales en lo contencioso administrativo federal y en el interior del país a los jueces federales, dentro de sus respectivas competencias territoriales siempre que se cuestionare una suma mayor de $ 2000. Corresponderá conocer y decidir al tribunal fiscal de la Nación, creada por la ley 15265: a) De los recursos de apelación contra las resoluciones del administrador en el procedimiento de impugnación. La apelación sólo procederá cuando el importe excediere de $ 2500; b) De los recursos de apelación contra las resoluciones del administrador en el procedimiento para las infracciones, cuando la condena implicare un importe que excediere de $ 2500; c) De los recursos de apelación contra las resoluciones del administrador en el procedimiento de repetición, cuando se reclamare un importe que excediere de $ 2500; D) de los recursos por retardo en el dictado de la resolución definitiva que correspondiere en los procedimientos de impugnación, de repetición y para las infracciones, cuando los importes controvertidos o reclamados y/o la imputación de la infracción excedieren y/o implicare un importe que excediere, de $ 2500. Si la determinación tributaria y la imposición de sanción se decidieran conjuntamente, la resolución íntegra podrá apelarse cuando ambos conceptos en conjunto superen el importe mínimo previsto en el párrafo anterior, sin perjuicio de que el interesado pueda recurrir sólo por uno de esos conceptos pero siempre que éste supere dicho importe mínimo. Los importes se actualizaran anualmente, en forma automática al 31/10 de cada año, de conformidad con la variación de los índices de precios al por mayor elaborados por el INDEC. Esta actualización surtirá efectos a partir del 01/01 del año siguiente. Las causas que correspondiere instruir por los delitos previstos en este código serán substanciadas: a) Ante sede judicial, en cuanto se refiere a la aplicación de las penas privativas de la libertad; b) Ante el administrador de la Aduana en cuya jurisdicción se hubiere producido el hecho en cuanto se refiere a la aplicación de las penas previstas en el art. 876. En las causas que deban tramitar en sede judicial corresponderá conocer y decidir en forma originaria a los tribunales nacionales en lo penal económico y a los tribunales federales del interior del país, dentro de sus respectivas competencias territoriales. La competencia atribuida en el apartado 1º a los tribunales nacionales en lo penal económico comprenderá, además del territorio de la Capital Federal, los siguientes partidos de la provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. Las Cámaras federales, dentro de sus respectivas competencias territoriales y, en su caso, de la sede del tribunal fiscal que interviene o la delegación permanente o móvil del mismo, según donde se hubiere radicado la causa, entenderán: a) De los recursos de apelación que se interpusieren contra las resoluciones del administrador en el procedimiento por delitos. En la Capital Federal y en los partidos de la Provincia de Buenos Aires que se mencionan será competente para conocer en éstos recursos la Cámara Nacional de apelaciones en lo penal económico de la Capital Federal; b) De los recursos de apelación que se interpusieren contra las resoluciones definitivas de los jueces en lo contencioso administrativo y de los jueces federales del interior del país, en los procedimientos de repetición, para las infracciones y de ejecución en sede judicial, siempre que se tratare de una suma que excediere de $ 66088; c) De los recursos de apelación que se interpusieren contra las resoluciones dictadas por el tribunal fiscal en los procedimientos de impugnación, de repetición y por infracciones; d) De los recursos por retardo de justicia en el dictado de la resolución definitiva del tribunal fiscal en los procedimientos mencionados en el inc. C; e) De los recursos de apelación que se interpusieren contra las resoluciones dictadas por el tribunal fiscal. Los importes previstos en el apartado 1 se actualizaran anualmente, en forma automática al 31/10 de cada año, de conformidad con la variación de los índices de precios al por mayor elaborados por el INDEC. Esta actualización surtirá efectos a partir del primero de 01/01 del año siguiente. La Cámara Nacional de apelaciones en lo penal económico y las Cámaras federales del interior del país, dentro de sus respectivas competencias territoriales, entenderán en los recursos que se interpusieren contra las resoluciones dictadas por los respectivos jueces de primera instancia en las causas a que se refiere el art. 1026, inc. A. Disposiciones especiales para procedimientos de impugnación, de repetición y por infracciones: Solo podrán presentarse, por un derecho o un interés que no fuere propio, las personas que ejercieren una representación legal y aquellas que se encontraren inscriptas en la matrícula de procuradores o de abogados para actuar ante la justicia Federal. El representante deberá acompañar con su primera presentación los documentos que acreditaren su personería. Cuando se invocare un poder general o especial para varios actos se lo acreditara con la agregación de una copia integra firmada por el abogado patrocinante o por el apoderado. En este supuesto, el administrador podrá intimar la presentación del testimonio original para acreditar la autenticidad de la copia acompañada. No obstante lo dispuesto en el art. 1031, el administrador podrá exceptuar de la obligación de presentar las partidas correspondiente a los padres que comparecieren en representación de sus hijos menores y al marido o a la mujer que lo hicieren en representación de su cónyuge incapaz. El representante que no acreditare su personería en la forma prevista será intimado a hacerlos dentro del plazo de 10 días, que en casos debidamente fundados podrá extenderse hasta 60 días bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado en caso de incumplimiento en éste último supuesto, se procederá al desglose y devolución de los escritos y documentos que hubiere presentado, de lo que se dejara constancia en las actuaciones. En todas las presentaciones en que se planteen o debatan cuestiones jurídicas será obligatorio el patrocinio letrado. Los plazos procesales comienzan a correr desde el día siguiente hábil administrativo al de la notificación. Para toda diligencia que debiere practicarse dentro de la república y fuera del lugar del asiento de la oficina aduanera en que tramitare la actuación, quedaran ampliados los plazos a razón de 1 día por cada 200 kilómetros o fracción no inferior de 100. Deberán ser notificados por alguno de los medio previstos los siguientes actos: a) Los enumerados en el art. 1053; b) los que hicieren saber que se ha trabado una medida cautelar o decretado su levantamiento; c) Los que decidieren sobre la falta de legitimación para actuar; d) Los que dispusieren la citación para prestar declaración indagatoria o testimonial; e) Los que decretaren el auto de sobreseimiento; f) Los que confirieren la vista para presentar la defensa en el procedimiento para las infracciones; g) Los que declararen la rebeldía; h) Los que decretaren la apertura de la causa a prueba, la denegación de medidas probatorias y la denegación de plazo extraordinario de prueba; I) Los que pusieren el expediente a disposición de las partes para alegar; j) Los que resolvieren las causas en forma definitiva; k) Los que concedieren o denegaren la apelación; L) Los que dispusieron la venta prevista en el Art. 1124. Todo aquel que fuere citado a prestar declaración indagatoria o testimonial está obligado a comparecer. Si no lo hiciere y no justificare satisfactoriamente su inasistencia, podrá ser obligado a comparecer por la fuerza pública a una segunda audiencia que se fijara al efecto. El administrador al proveer la producción de la prueba dispondrá cuales medidas probatorias deben ser producidas por el interesado, fijándole al efecto un plazo prudencial, bajo apercibimiento de darle por decaído el derecho a producirlas. Cuando el administrador no fuere abogado, antes de dictar resolución definitiva, deberá producirse en las actuaciones dictamen jurídico. Dictada la resolución definitiva, el administrador no podrá sustituirla o modificarla. Sin embargo, de oficio o a pedido de parte y sin alterar lo sustancial de la decisión, podrá corregir cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de las situaciones cuestionadas. La petición deberá formularse dentro de los 5 días de la notificación e interrumpirá el plazo para apelar. Cuando en los procedimientos para las infracciones, para los delitos o de impugnación se desestimare la denuncia, se sobreseyere o se absolviere respecto del ilícito imputado o se hiciere lugar a la impugnación del interesado, no se tributa tasa de almacenaje por la mercadería que se encontrare en depósitos fiscales afectada a tales procedimientos desde la fecha de iniciación del procedimiento hasta 10 días después de la fecha en que quedare ejecutoriada la aludida resolución. Si la resolución definitiva fuere condenatoria o rechazare la impugnación del interesado, la tasa aplicable se calculara sobre la base de la escala mínima correspondiente a la mercadería de que se tratare, durante la sustanciación del procedimiento y hasta 10 días después de la fecha en que quedare ejecutoriada la aludida resolución. Procedimiento ante el Tribunal Fiscal de Nación: La sede del tribunal, su constitución, la designación de los vocales, su remoción, las incompatibilidades, la excusación, la distribución de expedientes, los plenarios, el cómputo de los términos, el reglamento y demás facultades se regirán en el orden aduanero de conformidad con lo previsto en las disposiciones pertinentes. La representación y patrocinio ante el tribunal fiscal en el orden aduanero se regirá por lo dispuesto en este código. El mandato también podrá acreditarse mediante simple autorización certificada por el secretario del tribunal fiscal o escribano público. El procedimiento ante el tribunal fiscal será escrito. El tribunal fiscal impulsara de oficio el procedimiento y tendrá amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, salvo que mediare la admisión total o parcial de una de ellas a la pretensión de la contraria, en cuyo caso, si el desistimiento o allanamiento fuera aceptado por la contraparte, deberá dictar sentencia teniendo a la litigante por desistida o allanada, según correspondiere. Cuando se allanare, el fisco deberá hacerlo por resolución fundada. El tribunal Fiscal y el vocal interviniente tendrán facultad para aplicar sanciones a las partes y demás personas vinculadas con el proceso, en caso de desobediencia o cuando no prestaren la adecuada colaboración para el rápido y eficaz desarrollo del proceso. Las sanciones podrán consistir en llamados de atención, apercibimientos o multas de hasta $ 2000 y en su caso será comunicada a la entidad que ejerciere el poder disciplinario de la profesión. Las resoluciones que apliquen las sanciones a que se refiere este artículo serán apelables dentro del tercer día ante la cámara Federal, pero el recurso se substanciará dentro del plazo y forma previstos para la apelación de la sentencia definitiva. La resolución firme que impusiere esta multa deberá cumplirse dentro del tercer día, bajo apercibimiento de seguir la vía de ejecución fiscal establecida en el código procesal civil y comercial de la Nación. Los importes se actualizarán anualmente, en forma automática al 31/10 de cada año de conformidad con la variación de los índices precios al por mayor elaborados por el INDEC. Esta actuación surtirá efectos a partir de 01/01 del año siguiente. El recurso de apelación contra la resolución definitiva del administrador recaída en los procedimientos de impugnación, de repetición y para las infracciones, se interpondrá ante el Tribunal fiscal. En el recurso el apelante deberá expresar todos sus agravios, oponer excepciones, ofrecer la prueba y acompañar la instrumental que haga a su derecho. Salvo en materia de sanciones, no se podrá ofrecer prueba que no hubiera sido ofrecida en el correspondiente procedimiento ante el servicio aduanero, con excepción de la prueba sobre hechos nuevos o la necesaria para refutar el resultado de medidas para mejor proveer dispuestas en sede administrativa. Los requisitos en forma y condiciones que deberán ajustarse los actos previstos en este artículo se regirán por lo dispuesto en el reglamento del tribunal fiscal. Se dará traslado del recurso por 30 días al servicio aduanero para que lo conteste, oponga excepciones, acompañe el expediente administrativo y ofrezca su prueba. Si no lo hiciere a pedido de la apelante el vocal interviniente hará un nuevo emplazamiento por el término de 10 días, bajo apercibimiento de rebeldía y de continuarse con la sustanciación de la causa. El emplazamiento será dispuesto de oficio por el tribunal después de 30 días de vencido el termino para contestar la apelación. En el recurso contra la resolución dictada por el administrador en el procedimiento de repetición en ocasión de contestar la apelación, el representante fiscal deberá acompañar la certificación del servicio aduanero relativa a los pagos que se pretendiere repetir. La rebeldía no alterara la secuencia del proceso y, si en algún momento cesare, continuara la sustanciación sin que quepa en ningún caso retrogradar. Producida la contestación de la administración Nacional de aduanas, el vocal dará traslado al apelante, por el término de 10 días, de las excepciones que aquella hubiera opuesto para que las contesta y ofrezca la prueba que haga a las mismas. Las excepciones que podrán oponerse como de previo y especial pronunciamiento son las siguientes: a) Incompetencia; b) falta de personería; c) falta de legitimación; D) litispendencia; e) cosa juzgada; f) defecto legal; g) prescripción; h) nulidad. Las excepciones que no fueren de previo y especial pronunciamiento se resolverán con el fondo de la causa. La resolución que así lo dispusiere será inapelable. El vocal deberá resolver dentro de los 10 días sobre la admisibilidad de las excepciones que se hubieren opuesto, ordenando, en su caso, la producción de las pruebas ofrecidas. Si no hubiere prueba a producirla la que se hubiere ofrecido el vocal interviniente pasara los autos a sentencia. Una vez contestado el recurso y, en su caso, las excepciones si no existiere prueba a producir, el vocal pasará los autos a sentencia. Si no se hubieren planteado excepciones o una vez tramitado las mismas o resultó su tratamiento con el fondo, subsistiendo hechos controvertidos, el vocal resolverá sobre la pertinencia y admisibilidad de las pruebas proveyéndolas en su caso y fiando el plazo para su producción que no podrá exceder de 60 días. A pedido de cualquiera de las partes del vocal podrá ampliar dicho plazo por otro período que no podrá exceder de 30 días. Las diligencias de prueba se tramitaran directa y privadamente entre las partes o sus representantes y su resultado se incorporará al proceso. El vocal prestara su asistencia para asegurar el efecto indicado allanando los inconvenientes que se opusieren a la realización de las diligencias y emplazando a quienes fueren remisos en prestar colaboración. Durante el plazo de prueba los vocales podrán llamar a audiencia cuando lo estimaren necesario. En este caso, la intervención personal del vocal o de su secretario deberá cumplirse bajo pena de nulidad, sin posibilidad de confirmación. Esta nulidad podrá ser invocada por cualquiera de las partes en cualquier estado del proceso. Los pedidos de informes a las entidades públicas o privadas podrán ser requeridos por los representantes de las partes, deberán ser contestados por funcionario autorizado con aclaración de firma, el que deberá comparecer ante el vocal si éste lo considerare necesario salvo que se designare otro funcionario especialmente autorizado a tal efecto. La Administración Nacional de aduanas deberá informar sobre el contenido de las resoluciones o interpretaciones aplicadas en casos similares al que motiva el informe. Vencido el plazo de prueba, el vocal instructor declarara su clausura elevando los autos a la sala al que de inmediato los pondrá a disposición de las partes para que produzcan sus alegatos en el plazo de 10 días o bien, cuando por auto fundado entienda necesario un debate más amplio, convocara a audiencia para la vista de al causa. Dicha audiencia deberá realizarse dentro de los 20 días de la elevatoria de la causa a la sala Y sólo podrá suspenderse por única vez, por causa del tribunal, que deberá fijar una nueva fecha de audiencia para dentro de los 30 días posteriores a la primera. Cuando no debiera producirse prueba, el vocal elevara de inmediato los autos a la sala respectiva. Hasta el momento de dictar sentencia el tribunal fiscal podrá disponer las medidas para mejor proveer que estimare oportunas, incluso medidas periciales por intermedio de funciones que le proporcionara la administración Nacional de aduanas o de aquellos organismos nacionales competentes en la materia de que se tratare. Tales funcionarios actuaran bajo la exclusiva dependencia del tribunal fiscal. En estos casos el plazo para dictar sentencia se ampliara en 3 días. Si se hubiere convocado audiencia para la vista de la causa concurrirán las partes o sus representantes, los peritos que hubieren dictaminado y los testigos citados por el tribunal fiscal. La audiencia se celebrara con la parte que concurriere y se desarrollara en la forma y orden que dispusiere el tribunal fiscal, el que requerirá las declaraciones o explicaciones que estimare pertinentes, sin sujeción a formalidad alguna con tal que versen sobre la materia en litigio. En el mismo acto las partes o sus representantes alegaran oralmente sobre la prueba producida y expondrán las razones de derecho. Cuando no debiere producirse prueba o hubiere vencido el plazo para alegar o se hubiere celebrado la audiencia para la vista de la causa el tribunal fiscal pasara los autos para dictar sentencia. En el caso de recurso de apelación por retardo en el dictado de la resolución definitiva del administrador en los procedimientos de impugnación, de repetición y para las infracciones el apelante deberá pedir que el tribunal fiscal se aboque al conocimiento del asunto en cuyo caso una vez producida la habilitación de la instancia del tribunal fiscal el administrador perderá competencia para atender en el asunto. En esto supuestos se seguirá el procedimiento establecido para la apelación de las resoluciones definitivas. La persona individual o colectiva perjudicada en el normal ejercicio de un derecho o actividad por demora excesiva de los empleados administrativos en realizar un trámite o diligencia a cargo del servicio aduanero podrá ocurrir ante el tribunal fiscal mediante recurso de amparo de sus derechos. El tribunal fiscal, si lo juzgare procedente en atención a la naturaleza del caso requerirá del administrador Nacional de aduanas que dentro de breve plazo informe sobre la causa de la demora imputada y forma de hacerla cesar. Contestado el requerimiento o vencido el plazo para hacerlo podrá el tribunal fiscal resolver lo que corresponda para garantizar el ejercicio del derecho afectado ordenado en su caso la realización del trámite administrativo o liberando de el al particular mediante el requerimiento de la garantía que estimare suficiente. La sentencia podrá dictarse con el voto coincidente de 2 de los miembros de la sala, en caso de vacancia o licencia de otro vocal integrante de la misma. La parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de al contraria, aun cuando ésta n o lo hubiere solicitado. Sin embargo la sala respectiva podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad del eximición. Serán de aplicación de ley de arancel de abogados y procuradores para los representantes de las partes y sus patrocinantes y las leyes arancelarias respectivas para los peritos que intervienen. La sentencia no podrá contener pronunciamiento respecto de la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, a no ser que la jurisprudencia de la Corte Suprema de justicia de la Nación hubiere declarado la inconstitucionalidad de las mismas en cuyo caso podrá seguirse la interpretación efectuada por ese tribunal. El tribunal fiscal podrá declarar en el caos concreto que la interpretación ministerial o administrativa aplicada no se ajusta a la ley interpretada. En ambos supuestos, la sentencia será comunicada a la Secretaría de estado de hacienda. El tribunal fiscal podrá practicar en la sentencia la liquidación del tributo y accesorios y fijar el importe de la multa o, si lo estimare conveniente deberá dar las bases precisas para ello, ordenando a la administración Nacional de aduanas que practique la liquidación e n el plazo de 30 días prorrogables por igual plazo y una sola vez, bajo apercibimiento de practicarla el recurrente. De la liquidación practicada por las partes se dará traslado por 5 días, vencidos los cuales el tribunal fiscal resolverá dentro de los 10 días. Esta resolución ser apelable en el plazo de 15 días debiendo fundarse el recurso en el acto de su interposición. Cuando el Tribunal Fiscal encontrare que la apelación es evidentemente maliciosa, podrá disponer que sin perjuicio del interés del artículo 794 se liquide otro igual hasta el momento de la sentencia, que podrá aumentar en un 100%. Salvo lo dispuesto en el art. 1156, la sentencia deberá dictarse dentro de los siguientes plazos, contados a partir del allanamiento de autos para sentencia: a) Cuando resolviere excepciones, tratadas como cuestiones previas y de especial pronunciamiento: 15 días b) Cuando se tratare de la sentencia definitiva y no se hubiera producido prueba: 30 días; c) Cuando se tratare de la sentencia definitiva y hubiera mediado producción de prueba en la instancia: 60 días. Si la sentencia decidiera cuestiones previas que no pusieren fin al litigio, la posibilidad de apelarla quedara postergada hasta el momento de apelarse la sentencia definitiva. Los plazos señalados para la actuación del tribunal fiscal se prorrogarán cuando el Poder Ejecutivo resolviere de modo general establecer plazos mayores en atención al cúmulo de trabajo que pesare sobre dicho tribunal, demostrado por estadísticas que este le someterá. Los plazos establecidos en este capítulo también podrán prorrogarse por acuerdo de partes, pero la prórroga en este caso no excederá de 60 días. Notificada la sentencia, las partes podrán solicitar, dentro de los 5 días, que se aclaren ciertos conceptos oscuros, se subsanen errores materiales o se resuelvan puntos incluidos en el litigio y omitidos en la sentencia. Las partes podrán interponer recurso de apelación para ante la Cámara Federal dentro de los 30 días de notificárseles la sentencia del tribunal fiscal. No interpuesto el recurso, la sentencia pasara en autoridad de cosa juzgada y deberá cumplirse dentro de los 15 días de quedar firme. La apelación de las sentencias del tribunal fiscal en el orden aduanero que condenaren al pago de tributos, sus actualizaciones e intereses, se otorgara al solo efecto devolutivo. En el supuesto de condena al pago de tributos, sus actualizaciones e intereses, si nos e acreditare el pago de lo adeudado dentro de los 3 días de la notificación de la resolución que apruebe la liquidación practicada, ante el servicio aduanero, este expedirá de oficio un certificado de deuda fundado en la sentencia o liquidación según correspondiere, a los fines de su ejecución. El escrito de apelación se limitara a la mera interposición del recurso. Dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su presentación el apelante expresara agravios por escrito ante el tribunal fiscal, el que dará traslado a la otra parte para que la conteste por escrito en el mismo termino, vencido el cual, hubiere o no contestación se elevaran los autos a la cámara Federal sin más sustanciación dentro de las 48 horas siguientes. En el caso en que la sentencia no contuviere liquidación del impuesto y accesorios que mandare pagar el contribuyente, el plazo para expresar agravios se contara desde la fecha de notificación de la resolución que aprobare la liquidación. El procedimiento ante el tribunal fiscal se regirá supletoriamente por las normas del código procesal civil y comercial de la Nación, salvo cuando se tratare de infracciones, supuesto en que será de aplicación el código de procedimientos en lo criminal para la justicia Federal y los tribunales de la capital y territorios nacionales. Procedimiento ante la Cámara Federal: En los recursos de apelación contra las sentencias del tribunal fiscal, la cámara Federal: a) Podrá, si hubiere violación manifiesta de las formas legales en el procedimiento ante el tribunal fiscal, declarar con apercibimiento, salvo que, en atención a la naturaleza de al causa, juzgare más conveniente su apertura a prueba en esa instancia; b) Resolverá el fondo del asunto, teniendo por válidas las conclusiones del tribunal fiscal sobre los hechos probados, no obstante, podrá apartarse de ellas y disponer la producción de pruebas cuando, a su criterio, las constancias de los autos autorizaren a suponer que la sentencia ha incurrido en error en la apreciación de los hechos. En los recursos por retardo de justicia del tribunal fiscal, es condición para su procedencia que hubiere transcurrido 10 días desde la presentación del escrito en que cualquiera de las partes hubiere urgido el dictado de la sentencia no pronunciada por el tribunal fiscal en el plazo legal. Presentada la queja con copia de aquél escrito, la cámara requerirá del tribunal fiscal que dicte pronunciamiento dentro de los 15 días contados desde la recepción del oficio. Vencido el plazo sin dictarse sentencia la cámara solicitara los autos y se abocará al conocimiento del caso, el que se regirá entonces por el procedimiento establecido en el código procesal civil y comercial de la Nación para los recursos de apelación concedidos libremente, produciéndose en la instancia toda la prueba necesaria. Cuando la queja resultare justificada, la cámara pondrá el hecho en conocimiento del presidente del jurado para la remoción de vocales del tribunal fiscal. De igual manera procederá en los casos que llegaren a su conocimiento cuando resultare del expediente que la sentencia del tribunal fiscal no ha sido dictada dentro del plazo correspondiente. En los casos no previstos en este capítulo será de aplicación supletoria el código de procedimientos en lo criminal para la justicia Federal y los tribunales de la capital y territorios nacionales cuando se tratare de infracciones y el código de procedimientos en lo criminal para la justicia Federal y los tribunales de la capital y territorios nacionales cuando se tratare de infracciones y el código procesal civil y comercial de la Nación en los demás casos.